La reforma de la ley contra la violencia machista no se hará en esta legislatura

El Gobierno pospone a la próxima legislatura la ampliación de la ley de violencia de género. El ministro de Sanidad y Servicios Sociales, Alfonso Alonso, quiere acometer la revisión de la ley para incluir en ella la protección a las madres de los niños asesinados por sus padres y a las víctimas de la trata de blanca.

Pero a diferencia de la aprobación de los presupuestos para 2016, de la reforma del Tribunal Constitucional o de la ley electoral en el ámbito municipal, iniciativas en las que el Ejecutivo desea aprovechar el tiempo hasta el último segundo para sacar adelante sus proyectos, con la violencia machista el Gabinete de Rajoy deja el asunto para una mejor ocasión. Fuentes del departamento que dirige Alfonso Alonso aseguraron que la actualización de la norma exige un trámite largo por tratarse de una ley orgánica. Además, subrayan que en esta cuestión se quiere una ley con el máximo consenso posible, lo que exige alargar el plazo de negociación.

El asesinato de ocho menores por sus padres o las parejas de sus progenitores este año ha movido a algunos partidos a plantear la necesidad de regular estos casos de «riesgo extremo». La ley de la infancia contempla como víctimas directas a los hijos de las mujeres que sufren violencia machista, aunque los expertos advierten de que los agresores siguen acogiéndose a permisos para ver a sus hijos sin que haya supervisión alguna.

A la vista de que la ley contra la violencia de género ha cumplido diez años, Alonso analizó ayer el funcionamiento de la norma ante la Comisión de Igualdad del Congreso. «Antes contabilizar a los huérfanos no era una realidad que estuviera en las estadísticas», destacó el ministro quien expresó su preocupación por el machismo entre los más jóvenes, que no ocultan su deseo de controlar a sus compañeras. Pese a que en lo va de año han sido asesinadas 28 mujeres y 24 niños se han quedado huérfanos —una realidad que consideró «insoportable»—, el recuento revela que estas cifras son inferiores a las habidas en los últimos años.

En detalle

El balance que hizo el titular de Servicios Sociales fue sobre todo cuantitativo. La violencia machista se ha cobrado la vida de 794 mujeres desde 2013, año en que empiezan a hacerse estadísticas. Alonso presentó un alud de datos: dijo que una década se han registrado medio millón de llamadas al 016, se han concedido 215.000 rentas activas de inserción y puesto 2.742 brazaletes a hombres. Por añadidura, el Gobierno ha ampliado recientemente la norma para que también se consideren víctimas directas a los niños que son testigos y víctimas de la violencia en sus hogares.

Los diputados de la oposición se quejaron por haber recibido con retraso una evaluación de los diez años de funcionamiento de la ley, al menos con anterioridad a la comparecencia del ministro Alonso. Además, la portavoz del PSOE, Ángeles Álvarez, redobló sus ataques contra el Gobierno y se preguntó por qué los juzgados están denegando tantas órdenes de protección —un 43% el año pasado—, al tiempo que aumentan las retractaciones. «No podemos permitirnos que cunda la desconfianza en el sistema de justicia ni se convierta éste en un obstáculo para las víctimas», dijo la diputada socialista, quien ve con inquietud el descenso en el número de denuncias.