Incentivados

Es noticia buena que Hacienda haya podido recaudar el pasado año quince mil millones del dinero tributario estafado, nada menos que un 27% más que el anterior. Fabuloso. Este espectacular crecimiento se debe, al parecer, al plan que establece una serie de incentivos a los funcionarios que se curren la pesquisa y extremen el celo en la detección del fraude. Estupendo. Pero es noticia mala el ver que solamente incentivando (aflojando la mosca) se haya logrado excitar el celo funcionarial, aunque lo raro es que no hayan externalizado también este servicio contratando a una empresa ad hoc tal y como se ha maquinado en tantas facetas de la administración pública, cuya dejación o inoperancia (muchas veces deliberada) es lo que permite justificar el encargárselo a entes privados.

Cosas así no tranquilizan demasiado al ciudadano porque parece deducirse que, si no se engrasan los ejes, la carreta chirría. Pese a ello, da por oportunos estos incentivos si los resultados permiten aliviar tanto desuelle y expolio a los dineros del común.

Sin embargo, hace el ciudadano a la vez otra consideración no menos inquietante: de la misma forma que existen incentivos, ¿por qué no se han atrevido a introducir también penalizaciones?, sería lo justo y procedente, ¿por qué no descuentan jornales en los casos de manifiesta ineptitud funcionarial?, ¿por qué no se castiga al funcionario que no rinde, al que obstruye o al que se toca los huevos todo el día porque su función quedó obsoleta o vaciada tras las sistemáticas oleadas de nuevos funcionarios que entran por la vía del enchufe político, la vía laboral o la vía vaginal?...

Por lo mismo, repara el ciudadano en un dato que brinda todas las sospechas: en muchos casos de corrupción ha tenido que darse forzosamente la figura del funcionario como elemento instrumental o, al menos, testigo... ¿y no lo denunció como lo exige la ley y su honor supuesto?... ¿es cobardía o complicidad?... ¿habrá que incentivarles también para que su silencio no sea tan estrepitoso?... ¿y por qué no hablan Sánchez, Rivera o Iglesias de la urgente reforma de la ley de la Función Pública?...