Un país con menos quejas
La atención a la dependencia centra las críticas al Defensor del menor en política social.
efe | madrid
Castilla y León presentó un total de 972 quejas ante el Defensor del Pueblo el año pasado, frente a las 1.182 de 2014, lo que supone 210 menos, según la memoria anual del Defensor del Pueblo, presentada ayer en el Congreso. Esta institución tramitó en España el año pasado 18.467 expedientes de queja, un 22,9% menos que en 2014.
Entre las cuestiones que más han preocupado a los ciudadanos destacan los retrasos en la Administración de Justicia, así como el voto por correo y desde el exterior y las más de 400 quejas procedentes de autoescuelas por agresiones a los examinadores por alumnos que suspenden el examen, entre los asuntos de Interior.
El 52% de las quejas y actuaciones tramitadas por el Defensor del Pueblo en política social están relacionadas con situaciones de pobreza y exclusión. La atención a la dependencia, así como los menores y la protección de la familia suponen, cada una de estas áreas, alrededor de un 15% de las quejas. Un 10% de las cuestiones están vinculadas con la discapacidad y un 6,6% con la protección de las personas mayores. En 2015, las quejas relacionadas con las demoras en la tramitación de las rentas mínimas decrecieron con respecto a los años anteriores, debido, en buena medida, al descenso de las procedentes de la Comunidad de Madrid. La institución reconoce que la mayor parte de las Administraciones cuenta con planes de apoyo para personas y familias en situación de vulnerabilidad, pero considera que hay «un déficit de transparencia» en las administraciones públicas a la hora de especificar el gasto público destinado a garantizar la alimentación de los niños.
En Sanidad el Defensor del Pueblo afirma que el derecho a la protección a la salud ampara a los inmigrantes irregulares con «graves procesos de salud» y que atenderles solo en urgencias no se ajusta a la ley de cohesión del sistema de salud.
El informe cifra en 1.422 las quejas de los ciudadanos en materia sanitaria frente a las 743 del año anterior. Hace referencia al copago farmacéutico y considera que las administraciones deben garantizar que los pacientes no abandonen los tratamientos.