La memoria histórica y las calles de León

Casi coincidiendo con el 80 aniversario del comienzo de la Guerra Civil, el abogado madrileño Eduardo Ranz ha presentado una demanda contra el ayuntamiento de León para obligarlo a retirar del callejero los nombres de las calles que incumplen

con lo dispuesto en la conocida como ‘ley de la memoria histórica’. Según informan los medios de comunicación, se trata de 34 calles y plazas. Efectivamente, aunque algunas menos de las mencionadas en la relación de Ranz, todavía quedan vías públicas que homenajean a protagonistas del levantamiento militar de 1936 y a dirigentes de la dictadura del general Franco, varios directamente implicados en la represión. Es sorprendente porque no hace mucho tiempo que el ayuntamiento modificó los nombres de las más céntricas, pero, inexplicablemente, conservó los de la periferia y algunos menos llamativos, pero inequívocos, en el centro. La polémica se arrastra desde 2009, cuando circularon propuestas poco rigurosas que incluían a personajes, incluso del siglo XIX, que no tuvieron ninguna relación con la Guerra Civil o el franquismo y que, en algún caso, eran intelectuales o políticos claramente progresistas. En 2010, el ayuntamiento, entonces gobernado por el PSOE y la UPL, adoptó la extravagante decisión de crear una comisión ¡encabezada por la entonces vicepresidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega! Como era previsible, nunca más se supo de ella, no es difícil imaginar que doña María Teresa, que no es historiadora, tendría obligaciones más importantes.

Los nombres de las calles, los monumentos, son testimonio de la historia. Como tales deben ser conservados, ayudan a mantener la memoria colectiva. No se trata de borrar el pasado, de olvidar lo que pueda disgustar a algunos, tampoco de imponer

gustos o preferencias sin tener en cuenta que la sociedad es plural y que no resulta razonable que esos lugares de la memoria estén al albur de efímeras mayorías en las instituciones. Otra cosa es que se perpetúe el homenaje a quienes se comportaron como criminales o impusieron por la violencia ideas contrarias a la democracia.

Con los nombres de las calles, las placas conmemorativas y las esculturas, el franquismo, tras intentar suprimir todo vestigio del pasado ilustrado, liberal o democrático, que detestaba, quiso hacer omnipresente su poder. Eliminar ese legado es un acto de higiene, de reparación a quienes padecieron la dictadura y tuvieron que ocultar sus ideas o resignarse a la clandestinidad o el exilio. Debió haberse hecho hace mucho tiempo, pero nunca es tarde para llevarlo a cabo. Eso sí, hay que hacerlo bien, con rigor, la frivolidad solo puede conducir a que las cosas sigan como están.

El artículo 15 de la ley señala que: «Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura». Los tribunales no podrán admitir nunca la demanda de que se le retire una calle a un político del siglo XIX que, como Gabriel Fernández Cadórniga, la tiene desde 1899. El listado del señor Ranz incluye 22 vías dedicadas a instituciones, personas o acontecimientos relacionados inequívocamente con el levantamiento, la guerra y la dictadura: Alcázar de Toledo, Alférez Provisional, Calvo Sotelo, Capitán Cortés, Mariano Domínguez Berrueta, José María Fernández Ladreda, Fernando González Regueral, General Aranda, General Lafuente, General Mola, General Millán Astray, General Sanjurjo, General Yagüe, Carlos Pinilla (glorieta y avenida), José Antonio, José María Fernández, José María Quiñones de León, Obispo Almarcha, Pilotos Regueral, Roa de la Vega y Rodríguez del Valle. Se olvidó de José Aguado, supongo que dedicada al falangista, alcalde franquista y procurador en Cortes José Aguado Jolís-Smolinski, de Ángel Suárez Ema y de Joaquín López Robles.

Hay tres más que resultan discutibles: Obispo José Álvarez Miranda, Manuel Fraga Iribarne y Rodolfo Martín Villa. El primero porque fue un prelado ultraconservador, pero no tuvo cargos con el franquismo y, algo muy inusual durante la guerra, pidió clemencia para algunos de los condenados a muerte. Fraga y Martín Villa obtuvieron sus calles por su actividad política en la transición y la democracia, no por su papel en el franquismo. Otras nueve nunca debieron incluirse en el listado, se trata personas mayoritariamente conservadoras o derechistas, pero que o vivieron en el siglo XIX o no tuvieron nada que ver con el golpe, la guerra o la dictadura y, en varios casos, tenían ya su calle antes de 1936.

Confieso que me ha irritado especialmente que apareciese el nombre de Luis de Sosa, un liberal progresista perseguido por Fernando VII, diputado de ideas avanzadas, que en las Cortes de 1836 defendió los derechos naturales del hombre y el sufragio

universal masculino frente a la creciente moderación de sus compañeros de partido. Incluirlo fue uno de esos errores que pueden dar al traste con toda la iniciativa, por loables que sean las intenciones.