Un matrimonio de 90 y 83 años, ante el abismo del desahucio en Sevilla

Emocionados y sobrepasados por la situación, Rafael Domínguez y Elvira Fiances dan vueltas a la cabeza para entender cómo, de tener una vida plácida gracias a su trabajo como arquitecto de prestigio, han acabado a los 90 y 83 años respectivamente al borde de un desahucio. Su abogado de oficio trata a contrarreloj de buscar una salida para evitar que se vean en la calle este mismo jueves, y denuncia que los protocolos para evitar situaciones de este tipo “no han funcionado”, porque el lanzamiento se ha producido y el juzgado no ha indagado acerca de su situación de vulnerabilidad.

El Ayuntamiento de Sevilla, que desconocía la situación, se han puesto manos a la obra para buscar una “solución habitacional”, porque la pareja, que apenas puede moverse, no tiene la opción de irse a casa de su hija, divorciada, con dos hijos a su cargo y sobre la que también pesa una orden de desahucio. Los letrados que llevan su defensa reprochan que el juzgado no revisó el expediente para comprobar la situación de los desahuciados e informar a las administraciones.

La vida de Rafael y Elvira es el retrato del ocaso de la clase media en los últimos años, aderezado con un cúmulo de fatalidades. Él fue un afamado arquitecto metido a constructor. La jugada salió mal al no concederles el banco un crédito para construir una promoción de viviendas ya vendidas. Perdieron una fortuna, su casa y la casa de su hija.

Trataron de sobreponerse con la ayuda de amigos, pero no remontaron y todo se torció. Llegaron el infarto, el marcapasos y un principio de depresión. Con parte de la pensión embargada, los 700 euros que le quedaban al mes tenían que estirarse como un chicle para vivir, pagar deudas y ayudar a su hija. Empezaron los impagos y las colas ante Cáritas para comer y pagar la luz. En septiembre de 2015 los propietarios de la vivienda reclamaron una deuda de 12.500 euros, el equivalente a dos años de alquiler.

Tampoco con la justicia tuvieron suerte. La solicitud de abogado de oficio se tramitó tarde, con el desalojo ya fijado para el 28 de julio. Y aunque Sevilla participa en un protocolo antidesahucio para detectar situaciones de vulnerabilidad y evitar el drama social de la gente en la calle, éste no se firmó hasta hace cuatro meses, cuando el desalojo de los nonagenarios ya estaba ordenado.