El Ayuntamiento de Sevilla logra aplazar un mes el desahucio del matrimonio nonagenario

Rafael Domínguez y Elvira Fiances, un matrimonio de 90 y 83 años respectivamente, tendrán un mes de tregua para seguir embalando pertenencias y recuerdos y evitarán el desahucio de su casa de alquiler previsto para el mediodía de este jueves. ElAyuntamiento de Sevilla, a través de la Oficina Municipal por el Derecho a una Vivienda Digna, ha alcanzado unacuerdo con la propiedad del inmueble, ubicado en el barrio de Los Remedios, y para aplazar el desalojo un mes, de manera que los servicios municipales tengan un poco más de tiempo para buscaruna alternativa habitacional al matrimonio de ancianos que, tras una época de esplendor gracias a su trabajo como perito industrial y constructor, lo perdieron todo a causa de la crisis del ladrillo.

Tanto el consistorio como el abogado que lleva su defensa han confirmado el acuerdo y la prórroga de un mes en el lanzamiento, lo que permite un respiro y poder buscar una salida con más calma. Desde el ayuntamiento han señalado que este acuerdo se ha alcanzado con los servicios jurídicos de la propiedad del inmueble, a los que se envió un escrito solicitando una prórroga hasta encontrar una solución atendiendo a la “vulnerabilidad” de la pareja nonagenaria, con parte de su pensión embargada y necesitada de atención médica. “Se trata de evitar la grave situación en la que quedaría el matrimonio de ancianos si se produce el lanzamiento sin una alternativa habitacional”, indicó el consistorio hispalense.

A CONTRARRELOJ

Y es que los servicios sociales y el abogado de oficio del matrimonio trabajaban contrarreloj para evitar el desalojo. Por un defecto de forma, el letrado fue asignado a la causa hace unas semanas, con el desahucio ya fijado, y no fue hasta la pasada semana cuando los servicios sociales tuvieron conocimiento de la situación de desamparo en la que se encontraban los ancianos, dado que su único pariente es una hija con dos menores a su cargo, desempleada y también en situación precaria. Tras conocer las circunstancias del desalojo y los afectados, desde la Unidad de Trabajo Social (UTS) y la Oficina Municipal por el Derecho a una Vivienda Digna han estado trabajando y buscando “todas las alternativas posibles ajustadas a la situación económica y familiar del matrimonio”.

En este sentido, el matrimonio rechazó la opción primera de trasladarse a una residencia de ancianos, y se decantaron por una solución que incluyera a su hija y sus nietos para evitar que esta situación se repitiera dentro de unos meses. Así, han apoyado la posibilidad de acceder a una vivienda social del parque público de viviendas o, en caso de no cumplir los requisitos para una declaración de “excepcionalidad” que les permitiera saltarse la lista de espera, lograr una ayuda para el pago de un alquiler privado y la mudanza.