«Me hacen falta mis afectos»
El venezolano Ángel Aular está protegido en León por Accem Perseguido por el gobierno de Maduro, cuenta en el curso de la ULE su huida y superviviencia.
Ángel Aular, ayer en San Isidoro. SARA CAMPOS
carmen Tapia | león
Tiene 40 años y lleva ocho meses en León. Accem le ha dado refugio tras recalar en España tras un periplo por varios países y ciudades desde el año 2013 en que tuvo que salir de Venezuela. Perseguido por el gobierno de Maduro, Ángel Aular empieza a notar el peso de la soledad en un país con costumbres tan diferentes a las que ha vivido desde niño. «Me hacen falta mis afectos», dice a este periódico.
El chavismo lo ha expulsado de Venezuela. Firmó el revocatorio del gobierno y lo colocaron en la lista Tascón, una relación en la que Maduro sitúa a los que considera enemigos de la patria. «Soy un perseguido político porque firmé revocar poder a Chávez. Me colocaron en la lista y se me cerraron todas las puertas. Ya no tenía opción a entrar en ninguna empresa gubernamental. Estaba en una empresa que cerró y no encontré trabajo. Soy informático y me dice radiólogo, viajé a Estados Unidos de vacaciones y cuando volví me acusaron de espionaje y muchas cosas más. Han truncado mi vida y mi carrera porque yo quería estudiar medicina. Aguanté lo que pude pero pasan los años y esa gente no se va, sigue en el poder».
Asegura que la presión y las amenazas le obligaron a salir del país. «Temí por mi vida pero no podía salir de Venezuela. La organización OIM me sacó del país por Colombia y me trasladaron a Londres, donde estuve tres meses. Ha pasado por Barcelona y Madrid. Me quedé sin dinero y pedí asilo político. No podía regresar».
En León se ha formado en el sector de la hostelería. Trabaja en una pastelería de León. «Me porto bien, intento hacer las cosas lo mejor posible y destacar. Desde que llegué a España he hecho de todo menos portarme mal».
El testimonio de Aular sonó ayer en el curso de ‘Movilidad Humana: asilo, refugio y desplazamiento. Crisis humanitaria’, organizado por la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad de León y la Asociación Comisión Católica Española de Migración (Accem) y la participación de otras organizaciones y sindicatos.
Falta de competencias locales
En el acto de ayer intervino la funcionaria, asesora jurídica y coordinadora de inclusión social, Purificación Muñoz, quien defendió la necesidad de que los ayuntamientos recuperen las competencias en materia de ayuda para inmigrantes y desplazados previas a la ley de Racionalización y Sostenibilidad. «La ley deja muy mermadas las competencias municipales y en mi opinión habría que volver a lo anterior». Pese «a esta guillotina de muchos de los servicios que prestábamos», Muñoz sostiene que el Ayuntamiento de León y el Pacto Local firmado con todas las instituciones y oenegés, «ayuda en todo lo que puede cuando hay una necesidad con el apoyo de la Junta de Castilla y León. «Por encima de la ley está la Constitución y los Derechos Humanos».