Pacto de Estado de PP y PSOE contra el maltrato a las mujeres
efe | madrid
Los grupos parlamentarios del PP y del PSOE han acordado y registrado ayer en el Congreso una enmienda transaccional para alcanzar un pacto de Estado para luchar contra la violencia de género.
El portavoz del PP, Rafael Hernando, en una rueda de prensa en el Congreso, ha considerado que la lucha contra esta lacra es de «extraordinaria relevancia» por lo que ha destacado la importancia de implicar a todos los agentes en el combate de la violencia de género.
En concreto, ha citado al conjunto de las instituciones como «CCAA, ayuntamientos y el Estado». El acuerdo ahonda en la protección de las víctimas y de sus hijos, que afecta a la tutela judicial efectiva de las mujeres, así a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha señalado que el acuerdo alcanzado con el PP para promover un pacto contra la violencia machista supone «un triunfo» que se ha producido, «por fin», cuando «el PP ya no tiene mayoría absoluta en esta Cámara».
Hernando ha precisado que saldrá adelante una subcomisión en esta materia, y ha mostrado su deseo de que sea «por un amplio consenso y por una práctica unanimidad», puesto que se está trabajando con los otros grupos de la Cámara.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Ángeles Carmona, ha aplaudido el pacto alcanzado entre el PP y el PSOE contra la violencia de género porque por fin eleva este asunto a «cuestión de Estado».
Carmona ha mostrado su satisfacción porque el texto consensuado entre las dos formaciones recoge «a grandes rasgos» las reivindicaciones que ha venido haciendo el Observatorio sobre este asunto.
De hecho, la vocal del órgano de gobierno de los jueces ha mostrado su deseo de que la enmienda acordada por los dos partidos salga adelante por unanimidad, porque ello «daría un mensaje muy esperanzador» de protección de los derechos fundamentales y supondría recuperar el consenso que ya existió cuando se aprobó la Ley Integral en 2004.
Carmona se ha congratulado de que el acuerdo incluya una de las principales conclusiones a las que llegó el Observatorio el pasado 4 de noviembre en la celebración de su VI Congreso, que fue la de ampliar el concepto de violencia de género a otras formas como la trata o las agresiones y explotación sexual.