Ofensiva para dar apoyo legal a las víctimas de violencia machista

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, integrado por el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno, la fiscalía y las comunidades con la competencia de justicia transferida, entre otros organismos, propondrá a la subcomisión parlamentaria del pacto de Estado contra la Violencia de Género nuevas medidas para mejorar la atención de las víctimas en el ámbito de la justicia.

La principal reforma que propone el observatorio es que las víctimas de la violencia machista cuenten con la asistencia de un abogado desde el primer momento, incluso antes de interponer la denuncia. Hasta ahora, el abogado empezaba a asistir a las afectadas a partir del momento en que acudían al juzgado, pero antes de llegar a las dependencias judiciales suelen haber acudido a la policía. Con esta medida se pretende que la mujer no se encuentre sola en ningún momento del proceso y cuente con el apoyo de un abogado, para que le informe en todo momento de los pasos que se llevan a cabo.

MODIFICACIÓN DE LA LEY

Este organismo también pide que, en la legislación española, se amplíe el concepto de “violencia de género” en aplicación del Convenio de Estambul, que ha llevado a incluir nuevos delitos en el Código Penal, como los matrimonios forzados. Ahora la ley solo contempla los supuestos en los que el agresor y la víctima han mantenido una relación sentimental. Es decir, solo se aplica si han sido pareja.

Lo que se propone es que, con esta ampliación, se contemple como violencia de género cualquier ataque, sin necesidad que el agresor y la víctima hayan mantenido una relación afectiva previamente. Lo que se pretende es que las víctimas de este tipo de delitos nuevos que se han incluido en el código penal también se tipifiquen como “violencia de género” para que las afectadas cuenten con el mismo apoyo que las víctimas que han mantenido una relación sentimental con su agresor.

SISTEMAS INFORMÁTICOS

También se ha pedido impulsar la integración y coordinación de todos los servicios informáticos. En términos de justicia, los medios materiales los ponen las distintas comunidades autonómicas, es decir, en cada comunidad los jueces trabajan con un sistema informático distinto, y el sistema informático con el que trabaja la fiscalía también es diferente, a lo que hay que añadir otras instituciones implicadas, como la policía, que también cuenta con su propio sistema.

El objetivo de la nueva propuesta es que todos los sistemas sean compatibles para conseguir un intercambio de información más fluido entre las partes implicadas en los procesos relacionados con la violencia machista, así como potenciar las unidades de valoración forense y las unidades de atención a la víctima.

Estas son las medidas del observatorio que han sido consensuadas por las 12 comunidades autónomas con competencias en materia de justicia. Durante los próximos días, un representante de cada una de las instituciones que integran el observatorio comparecerá como experto ante la subcomisión para el pacto de Estado contra la violencia de género y tendrá la oportunidad de exponer sus propias propuestas.