SOS Racisme critica la dureza de la condena a cinco años al mantero que golpeó a un policía

La condena a cinco años de cárcel a Sidil Moctar, el vendedor ambulante que lleva 10 meses en prisión preventiva en la Modelo por golpear a un policía con una rama durante un operativo policial contra el 'top manta', "no puede entenderse sin el contexto en el que se produjo". Así lo plantea Alicia Rodríguez, coordinadora del servicio de atención y denuncia a víctimas del racismo de SOS Racisme. "Era un momento, el mes de mayo del año pasado, en el que se situó la venta ambulante como un problema de orden público.Esta sentencia quiere ser ejemplarizante. Dar un mensaje al colectivo sobre quién manda y qué puede pasar si alguien se sobrepasa", asegura Rodríguez, quien insiste en que la prisión provisional en la que aún permanece Moctar hasta que la sentencia sea firme se sostiene solo en el hecho de que es extranjero, sin tener en cuenta su arraigo (el hombre llevaba 10 años viviendo en Barcelona, sin ningún antecedente penal).

Tras hacerse viral el vídeo de la agresión, el día después de los hechos, la alcaldesa se pronunció con contundencia. "Quiero hacer pública una condena expresa e inequívoca y dar todo mi apoyo a los agentes, que hacen con profesionalidad un trabajo muy ingrato", aseguró Ada Colau ante la prensa antes de anunciar que el Ayuntamiento de Barcelona se personaría contra el vendedor ambulante.

Este miércoles, tras conocerse la sentencia de cinco años de cárcel para Moctar -el hombre de la rama- y dos y medio para Chike Sarr, otro vendedor ambulante condenado por atentado a la autoridad en el mismo episodio, Colau no ha querido pronunciarse.

EXPULSIÓN DEL "TERRITORIO NACIONAL"

Tampoco ha hablado el teniente de alcalde Jaume Asens, quien en su momento se pronunció contra la petición de prisión provisional, y cuyas gestiones para intentar, sin éxito, evitarla desataron un cataclismo entre el gobierno municipal y 'su' policía. Asens telefoneó a la abogada de la Guardia Urbana -servicio externalizado- para expresarle -"entre colegas", según dijo el teniente de alcalde, abogado de profesión- su desacuerdo con la petición. Esa llamada fue considerada como una injerencia por la cúpula de la Guardia Urbana, que hizo efectiva la petición. Moctar entró entonces en la Modelo, donde sigue a la espera de su "expulsión del territorio nacional y prohibición de regresar por plazo de 10 años", por la que la jueza ha computado la condena aplicando el artículo 89 del código penal.

El abogado de los manteros asegura que recurrirá la sentencia contra Sarr, a quien no conmutan la pena por la expulsión del país.