«Ojalá lo cumplan, pero ya no creo nada»

cristina fanjul | león

«A mí nadie me ha llamado. Me enteré por la prensa, y creo que todos los afectados de León, también. No sé dónde tengo que ir ni que tengo que hacer para que me inscriban en el registro». Vicenta López es una de las afectadas leonesas por la talidomida y, aunque se siente agradecida por la PNL aprobada el jueves por unanimidad en las Cortes de Castilla y León, muestra sus reservas y asegura que no creerá nada hasta que vea «que se cumpla». «Nos han engañado demasiadas veces». La Proposición No de Ley insta a la Junta a crear un registro de afectados, así como a que se les facilite apoyo moral y jurídico. La propuesta reclama al Gobierno que solicite al laboratorio Grünenthal, responsable de su comercialización, que compense a las víctimas en España. En Castilla y León hay en la actualidad 18 personas inscritas —de ellas al menos cinco en la provincia— en Avite, la asociación de víctimas de la talidomida en España.

La proposición, presentada por el PSOE, prevé asimismo poner en marcha un protocolo desde el sistema sanitario público que garantice la posibilidad de identificación de la relación de causalidad entre la malformación que presenta el paciente y el uso de talidomida, y que se asegure la atención sanitaria que necesiten los enfermos. Este punto es uno de los más interesantes para las víctimas, si bien llega tarde para la lucha que Avite mantiene con la farmacéutica alemana. «Mi médico de cabecera me dice que acuda al hospital para que allí me hagan los análisis que determinen si lo que yo tengo se debe a la talidomida, pero nunca nadie ha querido hacerse cargo», denuncia Vicenta, que nació con un brazo amputado y cada vez tiene más dolores. «Hace unos días acudí al médico de la mutualidad de la empresa y me dijo que los dolores que sufro no están provocados por el trabajo, así que no tengo derecho a la baja y eso que el calvario es cada vez más insoportable», lamenta. Esta leonesa nació en 1963, dos años después de que el medicamento fuera ‘retirado’. Trabaja en las cocinas de una empresa de cátering. «Hay días en los que el dolor es tan intenso que ni siquiera puedo retorcer la bayeta», explica. Además, precisa que los dolores son tan agudos que no hay analgésicos que los palien y tiene miedo de que llegue un día en que ya no pueda trabajar. «¿Con qué voy a mantener a mis hijos? ¿Con los 500 euros de pensión? A veces me da asco ser española, la verdad», dice con amargura.

Y es que la diferencia de los afectados españoles frente al resto de Europa es considerable. En 1970, el Parlamento alemán creó la Fundación Contergan, con un capital de 214 millones de marcos alemanes. De ellos, Grunenthal aportó 114. Desde 1972 la fundación ha realizado pagos a los afectados por la talidomida que ascienden a más de 613 millones de euros (a fecha de 31 de diciembre de 2012). Según datos distribuidos por la Avite, en Alemania, Italia, el Reino Unido, Suecia e Irlanda se han establecido pensiones vitalicias para los afectados en diferentes grados que van de la mínima de 612 euros mensuales en el caso alemán a una máxima en ese mismo país de 6.912 euros para los que están en situación más grave. En Italia, las pensiones van de 2.228 euros a 3.819, mientras que los afectados británicos reciben entre 1.603 y 3.501 euros, los suecos entre 975 y 1.850 euros y los irlandeses entre 989 a 2.224 euros, según su gravedad.

En España, las cosas fueron muy distintas. Sin ayuda alguna del Estado, no fue hasta el año 2010 cuando con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno se aprueba un Real Decreto que vendrá a regular las subvenciones que debían percibir los afectados por la talidomida. Sin embargo, la frontera se puso en 1965, dejando fuera a cientos de enfermos. Las ayudas —que oscilaban entre un mínimo de 30.000 y un máximo de 100.000— se establecían de conformidad con el grado de discapacidad acreditada. A pesar de las buenas intenciones, la mayoría de los afectados quedaron fuera de las subvenciones. En la lista aprobada por el Gobierno se incluyó sólo a 24 personas. Uno de ellos fue el leonés Generoso Turienzo que finalmente fue descartado a causa del informe del Ciac, el Centro de Investigación de Anomalías Congénitas. El estudio aseguraba que los defectos del paciente no eran los considerados «como los más característicos de la talidomida». Este informe fue rechazado por Xavier García Mora, médico forense que ha realizado más de 200 informes de afectados por este fármaco. Generoso sobrevive con una pensión de apenas 300 euros al mes y tiene un 65% de minusvalía. Xavier García Mora aseguraba en su análisis que las malformaciones del paciente se deben a la fórmula sintetizada por los laboratorios alemanes. «Las anomalías del paciente cumplen todos los criterios embriológicos, tomográficos, cronológicos y anatomopatológicos para establecer nexo de causalidad entre la malformación connatal del paciente y el fármaco talidomida», destacaba el forense.

Precisamente, la PNL aprobada en las Cortes pide que se revise el Real Decreto puesto que —sostiene— se abordó de una «forma incompleta, con errores en las fechas de expedición y en el protocolo médico. Además, alude a la falta de garantías en la viabilidad económica que respondiese de por vida a la situación de los afectados. La hermana de Generoso, Manuela Turienzo, explica que en principio ven con buenos ojos la propuesta. «A ver si algún día conseguimos lo que realmente nos pertenece. En su día nos privaron de nuestros miembros y es de ley que nos resarzan», declara. Sin embargo, deja claro que, en principio, la PNL no deja de ser una promesa más. «Esperemos que se cumpla», reclama.

Por último, la propuesta socialista prevé proporcionar apoyo y asesoramiento técnico para los procesos judiciales que realicen las personas afectadas por la talidomida, a fin de que puedan abordar cuantas acciones sean necesarias para depurar las posibles responsabilidades ante esta tragedia.

Larga lucha legal

Y es que los afectados han ido perdiendo todas las batallas judiciales contra la compañía. En 2012 Avite interpuso una demanda colectiva contra Grünenthal Pharma S.A que fue admitida a trámite en el juzgado de Primera Instancia de Madrid. Tras varias sentencias y recursos, el Tribunal Supremo confirmó, en septiembre del 2015, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que un año antes había desestimado la demanda de responsabilidad civil contra la farmacéutica al entender que estaba prescrita. Ahora, el último recurso que les queda a los enfermos es que Estrasburgo les dé la razón y demuestre que el caso «no está prescrito» porque no fue hasta 2010 cuando en España, «indiscutiblemente el país peor tratado en esta tragedia mundial», los afectados dispusieron de los elementos necesarios para demandar, ya que tanto Grünenthal como la dictadura franquista llevaron a cabo «actos y omisiones determinantes para ello».