Treinta años del horror de la colza
Las víctimas, que hoy se reúnen con diputados del PSOE y Podemos, reivindican acceso a los informes médicos completos y que aumenten las indemnizaciones.
Manifestación en la capital de los afectados en el año 1999. RAMIRO
efe | madrid
Se cumplen hoy 30 años del comienzo del primer juicio por Síndrome del Aceite Tóxico (SAT), una dolencia causada por la ingestión de aceite de colza desnaturalizado con anilina, cuyas víctimas aún se movilizan para pedir una reparación moral y acceso a sus informes médicos completos.
La plataforma Seguimos viviendo , que agrupa a las víctimas, se reúne hoy con diputados del grupo socialista y de Podemos. El PSOE presentó a comienzos de mes una proposición no de ley para reactivar el tratamiento que se da a los afectados, pues miles de ellos siguen con secuelas. Y al tiempo, las víctimas iniciarán una campaña para pedir a la Audiencia Nacional los expedientes personales de cada una, con sus informes médicos completos. Todo ello, cuando se cumplen treinta años del comienzo del juicio en el auditorio de la Casa de Campo de Madrid a los 38 aceiteros procesados por la Audiencia Nacional (1987). Las sesiones duraron hasta el 28 de junio de 1988 y la sentencia no se dictó hasta el 20 de mayo de 1989.
La primera víctima
Seis años antes del comienzo del juicio, en mayo de 1981, había fallecido el niño Jaime Vaquero, la primera víctima de un envenenamiento que afectó a unas 20.000 personas. Pasaron por el tribunal 1.500 testigos y 200 peritos y el fiscal solicitó más de 60.000 años para los acusados principales en el que se convirtió en el juicio más largo de la historia en España. La Audiencia condenó a 13 aceiteros a penas de entre seis y veinte años de cárcel y estableció que no hubo homicidios sino delito contra la salud pública e imprudencia temeraria.
El tribunal determinó que 330 personas murieron por el SAT, frente a los 605 contabilizados oficialmente, y estableció unas indemnizaciones de 15 millones de pesetas (90.151 euros) para los herederos por persona fallecida, y de 150.000 pesetas (901 euros) a 90 millones (540.910 euros) para los afectados, según su sintomatología y grado de invalidez. Pero no fue, ni mucho menos, el final del proceso judicial. El 28 de abril de 1992, el Tribunal Supremo decidió aumentar, hasta en cincuenta años, las penas impuestas a los principales responsables del envenenamiento. Estableció que, si no en homicidios, las personas juzgadas sí que habían incurrido en dolo eventual respecto de las muertes y las lesiones porque no ignoraban el riesgo que llevaba emparejado su acción.
Aumentó ligeramente el número de personas envenenadas, al reconocer como enfermos a los que la Audiencia Nacional puso bajo el epígrafe de «dudosos».