Doñana, en riesgo

El Ministerio de Medio Ambiente trata de atenuar las alarmas, pero el informe elaborado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y sobre el estado del acuífero que nutre Doñana es determinante. “El estado general es de prealerta”, afirma el documento dado a conocer esta semana, debido a que “la situación de la masa subterránea de agua es peor de lo que correspondería a un año de lluvias normal como ha sido 2015-2016”. Y aunque reconoce que las medidas adoptadas en los últimos tiempos por las administraciones públicas son positivas, no son suficientes. Pero el mensaje clave llega al final, cuando se advierte de que, de mantenerse el actual ritmo de gasto del agua, “secomprometería el buen estado del acuífero y el del ecosistema terrestre que de él depende”.

Doñana es agua, es el mayor humedal de Europa, reconocido científicamente y protegido por la Unesco. Sin embargo, es precisamente el agua la principal amenaza que pende sobre el futuro del espacio natural. La situación es preocupante, como se expuso este viernes en el Consejo de Participación del parque y reconocieron los responsables de la Estación Biológica ante las presiones de los ecologistas, que reprochan que el informe se difundiera justo tras el encuentro de la Unesco que debatía sobre Doñana y en el que finalmente se excluyó al Espacio Natural de la “situación de riesgo”, aunque bajo la premisa de seguir trabajando en las medidas adoptadas.

COMPRA DE DERECHOS DE AGUA

El informe técnico explica que ninguno de los 16 subsectores en los que se divide el acuífero sobre el que se asienta Doñana está fuera de riesgo. Cinco se hallan en estado de “prealerta”, seis en “alerta” y otros cinco en “alarma”. Esos subsectores se corresponden con cinco masas de agua subterráneas diferenciadas, de las que tres “no alcanzan el buen estado cuantitativo”. Según se detalla, las zonas en mejor estado son justamente aquellas con una menor explotación agrícola, o incluso el paraje de La Rocina, donde el Gobierno central adquirió el pasado año una finca para quedarse con los derechos de riego de 6 hectómetros de agua, que ahora ya no salen del acuífero.

El asunto también preocupa en la Junta de Andalucía, que recién se sobrepone a uno de los incendios más dañinos en el entorno del parque. La Consejería de Medio Ambiente, al igual que el Gobierno central, prefiere poner énfasis en que “dos de las cinco masas de agua que forman el acuífero están mejor que en el último análisis”. No obstante, concede que el informe no hace sino “confirmar lo que ya se sabía y ha llevado a adoptar medidas, que el acuífero de Doñana tiene algunos problemas”.

La Junta reivindica su actuación en el cierre de 300 pozos ilegales, y exige un trasvase de 15 hectómetros cúbicos que se sume al de 4,99 ya aprobado desde la cuenca del rio Tinto, para aliviar la presión en el acuífero. Y de paso, solucionar el conflicto con losagricultores, que han protagonizado multitudinarias manifestaciones ante el Parlamento andaluz y en Huelva en defensa de su modo de vida. El Gobierno ya ha dicho que serán 20 hectómetros, pero de esa cuenca del Tinto.

Pero las asociaciones ecologistas, como WWF, discrepan. Consideran los trasvases un parche, dado que alimentaría a cultivos irregulares con una infraestructura pagada con dinero público. Y temen que, como ocurrió en Daimiel, el aumento de agua conlleve un incremento de la superficie de regadío, justo lo contrario de lo que se busca. Desde WWF advierten, además, de que la situación puede empeorar si llega un ciclo de sequía porque el parque no está preparado, como ocurrió en 1995.

ALCALDES ROBANDO AGUA

La solución, apuntan por tanto, solo tiene un camino: detener el crecimiento de la agricultura de regadío en la zona y clausurar las más de 3.000 hectáreas de cultivos que bajo ninguna premisa podrían ser regularizadas por el Plan de Ordenación de la Corona Norte de Doñana, la herramienta que pone orden en los regadíos, y los más de 1.000 pozos ilegales que, alertan, siguen secando el futuro del humedal. Unos pozos que en ocasiones llegan con la vista gorda de las administraciones, como demuestra la imputación que un juez ha realizado a un exresponsable andaluz de Medio Ambiente y dos exalcaldes de la comarca por el robo de agua al consentir captaciones del líquido al margen de la ley con pozos construidos en suelo público.

La otra cara de la moneda la representan los agricultores. Se sienten cansados de ser percibidos por parte de la opinión pública, especialmente de los ecologistas, como los malos de la película. Y recuerdan que desde siempre Doñana ha tenido actividad agrícola y ganadera conviviendo en armonía con el cuidado del parque. “Hoy se ha quitado todo y hay más desorden”, resume Cristobal Picón, presidente de la Plataforma de Regantes del Condado, “si se ha conservado siempre junto a esos usos, ¿por qué ahora se muere?”.

Para Picón, la solución pasa por dos vías: un trasvase de agua que garantice el riego a los cultivos que llevan más de 60 años asentados en la zona, en muchos casos recibiendo incentivos de las administraciones para fomentar el empleo en la zona, y por “no crecer más”. El quid de la cuestión. La plataforma lamenta que la normativa para regularizar y ordenar los cultivos en la corona norte, la de mayor presión agrícola y, por tanto, sobre las masas de agua de Doñana por la proliferación de pozos, se asienta en una “foto fija” tomada en el 2004 que distribuye tierra forestal y agrícola. No se tiene en cuenta, por ejemplo, los terrenos donde se plantaron eucaliptos para hacer negocio con las industrias de celulosa del polo químico, y que se consideran masa forestal.

Los agricultores niegan la situación de riesgo del acuífero, pero defienden que hay que cuidarlo porque del humedal dependen también sus negocios. Prefieren no hablar de pozos ilegales, sino irregulares. Y subraya su caso: pidió una licencia para un pozo en 1989, y se la denegaron en el 2015, “cuando el pozo ya ni existía”.