La quimera de las ciudades accesibles
Las personas con discapacidad tienen una lista de «miles» de incumplimientos en toda la provincia. El 4 de diciembre acaba la moratoria para que los edificios cumplan con la ley de accesibilidad. El presidente de Cocemfe avanza que habrá denuncias..
Rampas demasiado inclinadas que dificultan el acceso con silla de ruedas a los edificios públicos. Ramiro
carmen Tapia | león
El 4 de diciembre acaba la moratoria europea para que todos los edificios sean accesibles. Así lo dispuso el Gobierno en aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Sin embargo, según denuncia la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de León, el plazo concluye con «miles» de incumplimientos tanto por parte de la administración como de los edificios residenciales. Se ha avanzado mucho, pero la accesibilidad total sigue siendo una quimera. La zona rural es la más afectada.
El presidente de Cocemfe León, — al que pertenecen 2.000 personas con discapacidad de la provincia— José Antonio Fierro, advierte de que a partir del 4 de diciembre las personas con discapacidad podrán denunciar individualmente ante la justicia todos los problemas de accesibilidad que impidan su inclusión social. «Estamos hartos de tener que entrar a los sitios por la puerta de atrás», asegura. «Nos estamos acostumbrando a buscar una solución alternativa a lo que tendría que estar adaptado ya por ley».
Museo del Bierzo, Camino de Santiago, acceso a Internet, rebaje de aceras, ascensor de la pasarela sobre la vía del tren en San Andrés del Rabanedo. Cocemfe tiene una lista de «miles de incumplimientos» de un decreto cuya moratoria acaba el 4 de diciembre.
Pero el decreto no sólo hace referencia a la accesibilidad física y tiene como objetivo «garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación»
Fierro denuncia que «todos los municipios» incumplen la ley a menos de un mes de su moratoria. «En Ponferrada, donde hemos hecho un estudio en una zona muy concreta, salen miles de incumplimientos», afirma. «Si sumamos todos los de la provincia saldrían millones».
En la lista de los deberes incumplidos, Fierro destaca el acceso limitado al Museo del Bierzo —lugar al que sólo pueden acceder a una parte—, rebajes de acera que no están a ras de suelo en la zona de Eras de Renueva—, la rampa del Paseo de Salamanca que da acceso al río Bernesga —demasiado inclinada—, la rampa de acceso al Ayuntamiento de San Marcelo— con una inclinación excesiva para transitar en silla de ruedas— y el exceso de peso de las puertas para acceder al interior del edificio, que además abren hacia afuera—, la ausencia de una rampa en el edificio de la Policía Local, en el CHF, el ascensor de la pasarela que cruza la vía del tren en San Andrés del Rabanedo — que casi siempre está estropeado y con unas dimensiones en las que no caben todas las sillas de ruedas —, el Camino de Santiago — prácticamente inaccesible en todos sus tramos para personas con movilidad reducida—, o la ausencia de transporte público adaptado en la zona rural. «Hay miles de incumplimientos que demuestran la discriminación y la exclusión de las personas con discapacidad».
Representantes de las personas con discapacidad de Cocemfe se trasladarán hoy a la pasarela frente al edificio de CRE en San Andrés del Rabanedo para concentrarse «para dar un toque de atención a las administraciones» por el incumplimiento de la normativa «por todos los municipios, que no han destinado suficiente presupuesto para cumplir con la ley».
Las asociaciones de discapacitados confiaban en que la normativa conseguiría unas condiciones dignas de accesibilidad «pero apenas se ha hecho nada. Nosotros, a partir de ahora, y de manera individual, denunciaremos todos los incumplimientos con los que nos encontremos porque vamos a exigir que la normativa se aplique de manera estricta».
En el Real Decreto se establecen multas que van de los 301 euros al millón de euros cuando se detecten infracciones. «La mayoría de nuestros usuarios viven en la zona rural y viven una situación lamentable. No tienen ni transporte público adaptado, ni llega Internet, con lo cual tampoco pueden optar a un teletrabajo. Todo el trabajo que hacemos las asociaciones para conseguir insertar laboralmente a nuestros asociados se queda en agua de borrajas porque el entorno no es accesible».
El problema, según el colectivo de personas con discapacidad, no es sólo que falten muchas obras por hacer «es que las que se han hecho están mal ejecutadas», asegura Fierro. Y pone como ejemplo los rebajes de las aceras «que se han hecho obras para hacerlas accesibles pero han dejado un bordillo de hasta tres centímetros en algunos casos, o las rampas que se construyen, demasiado empinadas».
La eliminación de barreras físicas y audiovisuales no sólo beneficia a las personas con discapacidad. «Cuando hay una rampa, todas las personas la utilizan», asegura Fierro.