El crimen de Elda vuelve a evidenciar la desprotección ante la violencia machista

Mientras Jessica, la víctima del crimen machista de Elda del miércoles, sigue en coma, diferentes representantes públicos coincidían en la necesidad de revisar los protocolos de actuación tras las denuncias de mujeres. Porque de las 43 que ya han muerto en este 2017, ocho, un 18%, habían acudido a las autoridades. Este último caso de violencia machista es especialmente paradigmático porque existían cuatro denuncias y diversas medidas cautelares en marcha. De hecho, este mismo jueves el agresor, que se suicidó tras acribillar a su expareja en la puerta del colegio Santo Negro en presencia de su hijo, de otros niños y numerosos padres y profesores, debía haber sido sometido a un juicio por la última de esas denuncias.

Las principales dudas ahora son si se activó alguna medida de protección policial tras el aviso del juzgado, y en caso afirmativo por qué no funcionó, y si se le podía haber enviado a prisión tras ser detenido este mismo martes.

Tres años de denuncias y un aviso judicial

Según informó el TSJCV, la primera denuncia fue en el 2014 pero en el juicio la víctima se negó a declarar y el agresor fue absuelto. Dos años después sí que fue condenado por un delito de lesiones pero al reconocer los hechos se benefició de la reducción de la pena, por lo que fue condenado a ocho meses de alejamiento. La tercera denuncia se produjo este 2 de noviembre por amenazas y el juzgado dictó como medida cautelar hasta que se celebrara el juicio este jueves una orden de alejamiento de 300 metros y de comunicaciones.

Según recordó el TSJCV ni la Fiscalía ni la víctima pidieron otras medidas y el magistrado ordenó comunicarlas a las fuerzas de seguridad así como a las diferentes administraciones públicas competentes. El caso es que dos días después, el agresor quebrantó la orden al llamar a la víctima a través de terceros, por lo que, tras una cuarta denuncia, fue detenido este martes pero el juzgado de guardia lo puso en libertad porque no hubo nuevas amenazas, aunque quedó como investigado por un posible delito de quebrantamiento de una medida cautelar.

Juan Carlos Moragues , delegado del gobierno en la Comunitat Valenciana, admitió que este caso obliga a hacer “una reflexión colectiva y pensar en qué podemos hacer mejor para que no se repita”. Moragues recordó que hay “muchos actores intervinientes” y nombró “al Poder Judicial, administraciones públicas, la Administración General del Estado, ayuntamientos, policías locales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicios sociales y organizaciones que colaboran”.

Mónica Oltra , vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y 'consellera' de Igualdad, anunció también que se van a revisar los hechos en el marco del reciente 'Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista' para comprobar "qué protocolos probablemente se tengan que mejorar o, si ha fallado alguno, ver dónde está el fallo para que no se repita". Pero, además, Oltra subrayó la necesidad de que haya un frente social contra los maltratadores. “Hemos de procurar, desde toda la sociedad, las instituciones y los poderes públicos, mostrar que estamos al lado de la víctima y absolutamente enfrentados a los agresores”, subrayó. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, fue un paso más allá y apuntó directamente al ejecutivo de Mariano Rajoy. “Desolación e impotencia. Exigimos al gobierno que la aplicación del pacto de estado no se demore ni un minuto más”.

La pulsera, un ‘salvavidas’ con coste personal

Desde la andaluza Fundación Ana Bella, que atiende a una media de 1.200 mujeres al año, la trabajadora social Carmen Rodríguez recordó que las víctimas pueden pedir que se le imponga al maltratador una pulsera “que en el caso de que se acerque a la víctima, permita que se le avise para que vaya a un lugar seguro”. Rodríguez destacó la eficacia de la medida aunque admitió que incluye “un dilema ético” pues a su vez “obliga a una mujer que no tiene culpa de nada a estar controlada 24 horas al día por GPS”. Además, reconoce que recibir continuos avisos de la presencia del agresor genera “un importante grado de ansiedad”. “Es un servicio muy bueno pero debes valorar hasta qué punto de tu vida estás dispuesta a entregar”, señaló.