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España desaconseja buscar vientres de alquiler en Ucrania

Aumenta el número de parejas españolas que recurren al país para pactar una maternidad subrogada.

Para España, la mujer que da a luz es legalmente la madre del bebé. JESÚS F. SALVADORES

Publicado por
León

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Actualizado:

Khrystyna Kinson | kiev

España desaconseja formalmente a las parejas que buscan tener un hijo por gestación subrogada viajar con este propósito a Ucrania, que se está consolidando como destino frecuente en busca de los llamados «vientres de alquiler».

Se trata de uno de los pocos países de Europa donde este método reproductivo está regulado por ley y permitido para extranjeros, pero la embajada de España en Kiev recomienda abstenerse de esta práctica por no tener cabida en el ordenamiento jurídico español, al tiempo que advierte de estafas o falta de garantías sobre el trato que se da a las gestantes.

«Se desaconseja claramente iniciar un proceso de este tipo (...). Las autoridades españolas no pueden hacerse responsables de las promesas y afirmaciones hechas por agencias privadas que realizan fuera de España una actividad no amparada por la ley española», señala un texto colgado en la página web de la embajada.

Cada vez más parejas extranjeras acuden en busca de una gestante ucraniana por el precio menos costoso del proceso en el país eslavo en comparación con otros, como Estados Unidos, el Reino Unido o Canadá, donde gestar un hijo para otra pareja a cambio de una remuneración también es legal.

La legislación ucraniana establece que a este método reproductivo sólo pueden optar matrimonios heterosexuales, que deben demostrar con informes médicos problemas de fertilidad u otras causas que imposibilitan que el embarazo tenga lugar. Inmediatamente después del nacimiento del bebé, el certificado se registra en el organismo ucraniano a nombre de los futuros padres —que aportan la carga genética del embrión—, y no se requiere un procedimiento formal de adopción.

Sin embargo, para el consulado español la mujer que da a luz es legalmente la madre y, según la ley española, el contrato de gestación se considera «nulo», lo que impediría que los padres genéticos puedan llevarse al bebé del país.

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