Llevan a Europa la regulación del cannabis
víctor núñez jaime | madrid
Después de que el Tribunal Constitucional anulara la primera sentencia condenatoria que emitió el Tribunal Supremo contra un club cannábico, la Plataforma Regulación Responsable, que agrupa a varias asociaciones con el objetivo de realizar un cambio legislativo sobre el cannabis en España, planea interponer un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pues «el fallo del Constitucional no contempla una cuestión fundamental: la viabilidad y los requisitos que deben cumplir los clubes de cannabis en nuestro país».
El Constitucional amparó a cinco miembros de la asociación bilbaína ‘Ebers’ que se reúnen en un local a fumar marihuana y donde, casi siempre, se cultiva y se vende a sus socios, pero no se pronunció sobre la situación general de este tipo de clubes en el territorio español. «Eso ahonda más en la inseguridad jurídica para poder operar legalmente», señala Bernardo Soriano, portavoz de la plataforma. «La condena al colectivo ‘Ebers’ fue la más importante y la que marcó la tendencia suponiendo un cambio en la interpretación que los tribunales venían haciendo sobre la viabilidad legal de los clubes sociales de cannabis. Esta sentencia cristalizaba el proceso de criminalización impulsado por el gobierno del Partido Popular a través de su apéndice, la Fiscalía General del Estado con su también ya famosa instrucción 2/2013 de 5 de agosto», agregó.
La semana pasada, el Tribunal Constitucional también anuló la ley foral navarra que regulaba los clubes de cannabis de su jurisdicción al considerar que se trata de una materia que tiene incidencia en el ámbito penal y que, por tanto, su regulación autonómica invade las competencias que el Estado tiene sobre ese ámbito. Soriano reconoció que «es complicado» que las comunidades autónomas puedan regular materias de competencia del Estado y se pronunció a favor de fomentar la incidencia política y conseguir un pacto a nivel estatal que promueva una «regulación integral» del cannabis. La clave sobre la legalidad de este tipo de agrupaciones reside en si su actividad se considera autoconsumo compartido, que es legal.