La fiscalía investiga la muerte de aves en tendidos eléctricos en Cataluña

El fiscal delegado de Medio Ambiente de Barcelona, Antoni Pelegrín, ha abierto una investigación para esclarecer si las compañías eléctricas y la Administración cumplen o no la normativa que establece las medidas encaminadas a evitar que las aves mueran electrocutadas al posarse en torres y cables de distribución. Los tendidos eléctricos distribuidos a lo largo de todo el territorio español ocasionan el fallecimiento de, al menos, unas 33.000 rapaces al año, según un informe oficial que alerta de que la electrocución es una de las principales causas de mortalidad de diversas especies en peligro de extinción, como el águila imperial ibérica, el águila perdicera y la hubara canaria. El simple gesto de desplegar sus alas provoca que toquen los cables y reciban una descarga.

La iniciativa pionera puesta en marcha por la fiscalía nació el pasado 22 de diciembre, cuando Pelegrín, que hace unos años abrió unas diligencias similares para evaluar la contaminación en la capital catalana, mantuvo una reunión con una serie de expertos sobre el problema de la electrocución de aves en las torres eléctricas. En el encuentro participaron miembros del Seprona, del Cuerpo de Agentes Rurales, del área de Medio Ambiente de los Mossos y tres investigadores de la Universitat de Barcelona (UB).

En esa reunión se constató la necesidad de hacer un seguimiento sobre la mortalidad de las aves que se posan en los postes de la red eléctrica y comprobar el nivel del cumplimiento de la legislación por parte de las autoridades y los responsables de las compañías eléctricas en Catalunya. En concreto, si se está vulnerando un real decreto del año 2008 que fijaba medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas. Otro de los objetivos de la fiscalía es la creación de un protocolo de actuación de los cuerpos policiales para perseguir los posibles delitos contra la fauna que se deriven de este problema, según reza el decreto por el que se incoan las diligencias preprocesales.

La primera actuación de la fiscalía ha sido requerir al director general de Polítiques Ambientals de la Generalitat que le remita la documentación acreditativa de las líneas eléctricas con los conductores desnudos ubicadas en las zonas de protección de aves, así como las notificaciones que la Administración autonómica ha enviado a las empresas y las actuaciones que han realizado estas compañías para mejorar el estado de los postes. Asimismo, ha pedido la relación de las electrocuciones de aves durante los últimos tres años y la comunicación pertinente del incidente al titular de la red, con indicación expresa de las torres más conflictivas. A los Agentes Rurales se le ha solicitado información parecida.

El decreto

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en el 2008 un real decreto que establecía las medidas para la protección de aves frente a la electrocución. La normativa estatal asumía los gastos y daba un plazo a las comunidades autónomas para que publicaran un inventario de sus tendidos más peligrosos y un listado de sus zonas de protección: parajes de especial valor en los que sería imperativo aplicar medidas en los postes existentes para evitar la matanza de animales.

La Generalitat realizó en el 2013 esa relación de torres más peligrosas en Catalunya de acuerdo con lo que requería el citado real decreto, que además, fijaba que el Gobierno central pondría en marcha los mecanismos necesarios para la "financiación total" de los trabajos para corregir los defectos en las líneas eléctricas en mal estado. Sin embargo, todo está paralizado. Según Ricard Casanovas, responsable del Servei de Fora i Fauna, todavía no ha salido ninguna convocatoria sobre esas subvenciones públicas, a pesar de que el año pasado se actualizó el decreto del 2008.

Es decir, en estos momentos las compañías eléctricas no tienen la obligación de reparar los postes peligrosos, aunque algunas de ellas lo hacen motu proprio tras recibir el aviso de los agentes rurales de que un ave ha fallecido electrocutada. Ese listado elaborado en el 2013, incide Casanovas, se ha ido actualizando. La Generalitat, además, está manteniendo contactos con las empresas eléctricas, sobre todo Endesa, que es la propietaria de la mayoría de torres instaladas en Catalunya, para llegar a un acuerdo de colaboración.

La ficha

Los Agentes Rurales, por su parte, son los que se encargan de avisar a las compañías de que en alguna de sus torres se ha producido la electrocución de un ave. El protocolo obliga a rellenar una ficha en la que se debe especificar la especie afectada, las causas del accidente, la localización de poste y el modelo, su titularidad y las características topográfica de la zona. La colaboración ciudadana es imporrtante.

El informe oficial firmado por los ingenieros de montes María Ángeles Soria, del Ministerio de Medio Ambiente, y Fracisco Guil, de la empresa pública Tragsatec, tiene en cuenta las 11 comunidades autónomas, entre ellas Catalunya, que aportaron, antes de octubre del 2014, información sobre los postes que no cumplen las características exigidas por el real decreto del 2008. Son 240.000 apoyos en líneas eléctricas con un diseño peligroso. En ocasiones, los animales que reciben una descarga caen al suelo en llamas. Los dos técnicos han registrado 30 incendios forestales por esa causa en España entre el 2005 y el 2012.

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Sanciones y vía penal

La muerte de aves electrocutadas ha llegado a los tribunales de justicia. En junio del 2017, dos juzgados de Albacete confirmaron las sanciones y el pago de una indemnización que la Junta de Castilla-La Mancha puso a la empresa Iberdrola por el fallecimiento de cuatro buitres leonados y siete cigüeñas blancas. Por la vía penal se han interpuesto pocas demandas. La Fiscalía de Tarragona presentó una denuncia contra una empresa eléctrica en el 2010 por el “inadecuado mantenimiento de las líneas eléctricas” y la “inobservancia” de las disposiciones legales. El pleito estaba vinculado por el hallazgo de 69 aves electrocutadas, casi todas incluidas en el catálogo de especies amenazadas o protegidas. El juzgado archivó el caso.