Los derechos que más duelen en León
Salud, educación, discapacidad y medio ambiente acaparan las quejas al Procurador del Común Javier Amoedo cierra el homenaje a los Derechos Humanos en Trabajo Social.
Javier Amoedo es el Procurador del Común de Castilla y León. JESÚS F. SALVADORES
ana gaitero | león
La falta de servicios médicos en el medio rural, las listas de espera, el deficiente estado de los colegios o la discriminación de las personas con discapacidad por barreras físicas, sociales y culturales son junto al ruido, la vivienda digna y asequible y la renta garantizada de ciudadanía las quejas más frecuentes en los 3.800 expedientes que tramitó el Procurador del Común el año pasado. Y es que salud, educación, medio ambiente, infancia, discapacidad y vivienda son los derechos que más duelen a la ciudadanía, en León y en el resto de las provincias de la Comunidad.
El Procurador del Común cerró ayer las XVII jornadas de Humanismo y Universidad organizadas por la Escuela de Trabajo Social y dedicadas al 70 aniversario de los Derechos Humanos.
Recién llegado de Panamá, del encuentro Iberoamericano de Ombudsman, Javier Amoedo recalcó que los derechos humanos son «inherentes a todas las personas, universales e inalienables». También son «interdependientes e indivisibles», dijo. Por tanto, «la privación de un derecho afecta de un modo negativo a todos los demás», afirmó.
La figura del Procurador del Común, como del Defensor del Pueblo, tiene su origen en el Ombusdman sueco y su misoón es impedir abusos contra individuos o grupos». La extensión de esta figura por los diferentes países del mundo ha sido «impulsada por la ONU», precisó Amoedo como una forma de protección de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El artículo 54 de la Constitución y el 12 del Estatuto de Castilla y León amparan esta figura, que presenta anualmente su informe de quejas a las Cortes de Castilla y León. Amoedo resaltó que la eficacia de las actuaciones del Procurador del Común «no es absoluta» porque sus resoluciones no son vinculantes, aunque las administraciones de Castilla y León aceptan el 80% de las mismas. Recordó que existe una obligación de reserva respecto a las quejas, que impide desvelar el nombre de las personas que acuden en su ayuda y que las administraciones «tienen obligación de contestar» bajo apercibimiento a la Fiscalía para que inicie diligencias por delito de desobediencia.
Natural de Vigo y licenciado en Derecho en Santiago de Compostela, inició su carrera como fiscal en Barcelona en 1968 y desde 1971 estuvo destinado en la Audiencia Provincial de León. En 1994 ascendió a teniente fiscal y diez años después a fiscal jefe. Javier Amoedo, que agota su segundo mandato como, es apreciado en León por generaciones de juristas por su labor como preparador de oposiciones.