La ONU apoya a todos los Rubén
Varapalo por falta de inclusión. La ONU corrige duramente el estado de la educación inclusiva en España. El caso de Rubén ha sido pieza clave. Un 20% de las personas con discapacidad están excluidas del sistema educativo..
Alejandro Calleja y Lucía Loma, con su hijo Rubén, frente a las Cortes de Castilla y León en 2014 con las firmas de apoyo. PABLO REQUEJO
Rubén, el joven con síndrome de Down al que la Junta negó su escolarización en un centro educativo ordinario, es una de las caras visibles, pero hay muchos Rubén en España. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) del Alto Comisionado de la ONU estima que un 20% de las personas con discapacidad ven violado su derecho a la educación inclusiva en el país.
El informe hecho público ayer por este organismo internacional da un varapalo a España al denunciar la perpetuación de prácticas educativas que segregan a las personas con discapacidad en centros especiales y la falta de una reforma integral del sistema educativo.
Han pasado ocho años desde que Solcom presentó la primera denuncia que dio lugar a una larga investigación, con 165 personas entrevistadas, entre ellas la madre y el padre de Rubén Calleja Loma, que fueron juzgados, aunque absueltos, por negarse a escolarizar al niño en un centro de educación especial.
Tras visitar centros y hablar con personas afectadas, profesionales y responsables de Educación en León, Valladolid, Madrid, Barcelona, Málaga y Sevilla, el Comité denuncia que España comete «violaciones al derecho a la educación inclusiva y de calidad» y que excluye particularmente «a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial y discapacidades múltiples».
La base de esta discriminación está anclada, según el Comité, en un «modelo médico de la discapacidad» y en «la denegación de los ajustes razonables necesarios para la inclusión sin discriminación en el sistema educativo general». Las iniciativas para «transistar» al modelo de educación inclusiva son insuficientes: «No se ha hecho una reforma profunda», recalca.
Las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad se resuelven ad hoc, sin un criterio común para todo el mundo y el resultado depende de «depende en la mayoría de los casos de la voluntad de sus padres, y del personal administrativo, educativo y de inspección involucrado, más no de la realización de su derecho a la educación inclusiva y de calidad», subraya el Comité.
El informe denuncia que aunque la normativa defiende de manera general la educación inclusiva, «contiene preceptos que permiten la exclusión sobre la base de la discapacidad». En concreto, el artículo 74 párrafo 1, de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, perpetúa esta exclusión discriminatoria basada en la discapacidad.
Entre las lagunas legales que ha encontrado la relatoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas, apunta que no existen directrices claras sobre cómo realizar una evaluación. El Comité observó que la inclusión educativa se considera más una corriente pedagógica que lo que es, un derecho reconocido en el artículo 24 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que España está obligada a cumplir.
Más exclusión en las niñas
Esta situación hace que la mayoría del alumnado con discapacidad se vea obligado a abandonar la escuela al finalizar la etapa obligatoria, después de la educación secundaria. El comité ha comprobado que «las tasas de abandono escolar de los niños y particularmente las niñas con discapacidad son más altas que los demás promedios nacionales».
La educación pos secundaria no está mejor. No se garantiza el acceso de las personas con discapacidad, por lo que muchas optan por la educación a distancia, lo que explica un dato obtenido por el Comité en su investigación: El 40% de las personas matriculadas en la Uned tienen alguna discapacidad.
El informe critica el sistema de informes psicopedagógicos porque «se centra en los déficits y las deficiencias» del alumnado con discapacidad, lo que deriva en su «estigmatización» como no educable en centros ordinarios. En lugar de explorar todas las posibilidades de inclusión, apostilla, «los diagnósticos impiden que los centros educativos ordinarios proporcionen medidas de apoyo y ajustes razonables».
Carencias en la accesibilidad de los transportes y evaluaciones de carácter funcional hacen que la administración «asigne al niño o niña con discapacidad a un centro de educación especial, con el argumento de que cuenta con los recursos que necesita, sin importar la distancia a su hogar».
La teoría dice que las familias, deben ser escuchadas, pero en la práctica sucede lo contrario y conseguir que se revise un informe es casi imposible, salvo excepciones (el tribunal cita un caso en León, que no es generalizable).
La vía judicial, añade, es larga y mientras dura obliga a cumplir el dictamen bajo amenaza de una denuncia por abandono de familia, como les ocurrió al padre y la madre de Rubén. La ONU no quiere que más niños y niñas pasen por lo que han pasado Rubén, Daniel Inés, Laura, Gloria, Joel, Arturo, Nazaret... y todas sus familias. El Comité ha dicho alto y claro sí a la educación inclusiva.