Las entidades por la infancia piden voz en el Alto Comisionado

carmen Tapia | león

Uno de cada tres menores que viven en Castilla y León están en riesgo de pobreza o exclusión social. España es el tercer país de la Unión Europea en tasa de riesgo de pobreza, con un 29,7% de niños y niñas que sufren carencias diarias que afectan directamente a sus derechos. Son casi dos millones y medio. Lo dice Unicef de Castilla y León en su último informe con datos del año 2016. Una pobreza que desde Cáritas de León se advierte de que no es coyuntural por la crisis económica sino que es crónica y estructural, lo que la presidenta, Beatriz Gallego, califica de «justicia sistémica». Tanto los responsables de Unicef de Castilla y León como los de Cáritas de León califican de «positiva» y «prioritaria» la noticia de la puesta en marcha del Alto Comisionado de Lucha Contra la Pobreza Infantil en España, anunciada por el nuevo gobierno del socialista Pedro Sánchez. Todas las organizaciones que trabajan con la infancia en León coinciden en valorar positivamente el anuncio, pero ponen condiciones a su desarrollo. Quieren que tenga financiación específica, políticas concretas y que cuente con las entidades que llevan años trabajando con la infancia para, por primera vez, hacer de los derechos de los niños y las niñas «una política de Estado».

La coordinadora de Unicef Castilla y León, Rocío Gutiérrez Ruiz, espera que «se escuche la voz de niños, niñas y adolescentes, y sus familias» para crear un organismo «que supone hacer de este tema una política de Estado, un paso claro hacia un Pacto de Estado por la Infancia que desde Unicef venimos reivindicando desde hace años». Unicef propine medidas «fundamentales» como el incremento de las prestaciones por niño a cargo o el enfoque del acceso a la educación de cero a tres años de los más vulnerables para conseguir un comienzo más equitativo de la vida escolar. «Se trata de invertir más en infancia, pero también de hacerlo desde un enfoque de igualdad, enfocando la inversión en los niños más vulnerables». Gutiérrez Ruiz asegura que la pobreza infantil «afecta directamente a los derechos de los niños y pone en peligro el bienestar de todo el hogar, quebranta la igualdad de oportunidades y arriesga el desarrollo social y económico de toda una sociedad».

La directora de Cáritas, Beatriz Gallego, califica de «iniciativa positiva que puede hacer mucho bien» la creación de un Alto Comisionado para la Pobreza Infantil. «Los niños no están solos, están con sus familias», asegura, por lo que está a la espera de conocer su desarrollo y presupuesto.

El presidente del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Víctor Núñez Rodríguez, espera que este nuevo organismo tenga utilidad, «para que dentro de unos años podamos hablar de otros datos de pobreza infantil en la Comunidad y en España» y que «consolide las acciones dirigidas al cumplimiento del Pacto por lo Derechos de la Infancia, que proteja la inversión y, sobre todo, «que se tome en cuenta la opinión de los niños estableciendo órganos de representación infantil y promoviendo procesos participativos».

El coordinador autonómico de la recientemente creada Plataforma de Infancia, con representación de 22 organizaciones del tercer sector, el salesiano Gaspar Martínez, asegura que priorizar la infancia «es algo en lo que las entidades sociales trabajamos desde hace décadas» con programas financiados por las administraciones. «En Castilla y León hay un pacto por la infancia con ayudas a familias en crisis», aunque cree que crear un Alto Comisionado «supone apostar por políticas para que no haya recortes en educación, en financiación de programas de las entidades sociales y en la puesta en marcha de políticas transversales».

Tamara Cabezas, de la oenegé de los Maristas, SED, cree «importante» que se trabaje por los derechos de la infancia» en España, «el tercer país europeo por detrás de Rusia y Grecia con más pobreza infantil». Cabezas espera que el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil «tenga medios y cometidos concretos porque de nada serviría si no hay recursos ni personal».

Fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León consideran prematuro valorar la creación de un organismo del que todavía se desconocen los detalles de su funcionamiento. «Las competencias sobre esta materia están transferidas a las comunidades autónomas», destacan «por lo que habrá que ver que políticas específicas tiene, si va a funcionar con fondos propios y las medidas de acción». Desde la consejería esperan que no sea un comisionado «de cara a la galería» y se le dote de funciones y dotación económica.

Los programas de ayuda social de la Junta de Castilla y León no tienen ninguna partida específica para la infancia «porque las líneas de apoyo son para las familias. Los niños viven en familias y las carencias del núcleo familiar les afectan».

La Fundación Anar (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) de Castilla y León tiene como objetivo la violencia cero en menores. La delegada de Castilla y León, Natalia Fernández, destaca que la fundación hace campaña contra la violencia en la infancia. «Proponemos una ley integral contra la Violencia en la Infancia y Adolescencia, la prevención en los centros escolares y en las familias con una atención cualificada». Más de 140.000 menores llamaron al teléfono de la Fundación en el año 2016, de los que 15.000 se realizaron desde León. Los niños y las niñas (estas últimas son mayoría) llaman por problemas psicológicos, sentimentales, agresiones escolares y violencia.

El coordinador de Cauce, Miguel Ángel Peña, asociación que trabaja con 400 menores al año, califica el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil «una iniciativa interesante» que demuestra que el problema «preocupa». «Hay que ver cómo se articula porque la Junta tiene redes que aglutinan a las entidades».