El Gobierno estudia multar con 150 millones a Autostrade SA

“No se ha tratado de una fatalidad, sino de un error humano”. Francesco Cozzi, fiscal de Génova, es perentorio cuando ofrece una primera versión oficial sobre el hundimiento, el martes, de una parte del puente Morandi de la ciudad. Los 200 metros desplomados del tramo urbano de la autopista A10 han causado hasta este miércoles 42 muertos, 16 heridos, la mayoría de ellos graves, y un número indeterminado de desaparecidos, que podrían ser 10. Otras 650 personas han tenido que ser desalojadas por un periodo que puede alargarse durante algunos años de los 11 edificios que se levantan justo debajo de una de las estructuras del puente. El Gobierno ha decretado el estado de emergencia en el área de Génova durante los próximos 12 meses.

La labor de búsqueda de las víctimas y retirada de escombros prosigue de forma intermitente, ya que el pilón que quedó en pie amenaza con derrumbarse, según han explicado los bomberos. El magistrado Cozzi resume su labor judicial en una sola pregunta: “¿Por qué ha sucedido? Tenemos que responder a esto”. Sin embargo, el Gobierno populista de Roma se ha adelantado a las investigaciones, anunciando su intención de retirar la concesión a Autostrade SA, la concesionaria de la autopista, y de imponerle una multa de 150 millones de euros, aunque es probable que no suceda nada hasta que no haya una investigación judicial en firme y, tal vez, una primera sentencia. 

LA CONCESIONARIA, EN EL PUNTO DE MIRA

Aún así, el ministro de Transportes, Danilo Toninelli, ha puesto en marcha el aparato de su ministerio, aduciendo que “en caso de incumplimiento, es posible retirar la concesión e imponer una multa de 150 millones”. Luigi Di Maio, vicepresidente del Gobierno por los indignados del Movimiento 5 Estrellas (M5s), ha afirmado que “los responsables tienen un nombre y apellido y son Autostrade per Italia (SA)”, acusando a la concesionaria de “no haber hecho el mantenimiento”, por lo que “antes que nada los directivos tienen que dimitir”. Lo mismo ha pedido el ministro de Transportes. 

“La abrogación de las concesiones es lo mínimo que pueda esperarse”, ha soltado Matteo Salvini, también vicepresidente, por la Liga, del Ejecutivo de Roma, dando un paso más: “Dado que existe un particular que sobre aquel puente ha ingresado centenares de millones de euros sin hacer lo que debía, este particular tiene que dejar de administrar aquella autopista y resarcir a los italianos”. Algo que de acuerdo con las leyes no será fácil.

BENEFICIOS MULTIMILLONARIOS

En Italia hay 6.000 kilómetros de autopistas de pago en concesión del Estado, 3.000 de los cuales en manos de Atlantia (con otros 2.000 km en otros países). Este septiembre la sociedad, cuyo primer accionista es Benetton (30,2%), debería ultimar la compra de la española Abertis. En 2017, Atlantia ha ingresado 5.900 millones de euros, 2.900 millones en lo que va de año, mientras que ha realizado inversiones por 377 millones.

A las acusaciones del Ejecutivo, Autostrade SA responde que “el viaducto era controlado trimestralmente y con comprobaciones suplementarias realizadas por empresas e institutos líderes en el mundo” y que el resultado facilitado ha sido siempre de “resultados tranquilizadore y adecuados”.  Sin embargo, gracias a la documentación aportada por la concesionaria en otro asunto judicial, la situación podría ser distinta. 

UNA GRAN DEGRADACIÓN

En el 2009, Autostrade SA garantizaba que el puente “necesita solamente, como todas las obras de un cierto relieve, de un constante mantenimiento ordinario”. Pero dos años después la misma concesionaria reconoció, en lenguaje burocrático, que el puente “era sometido a una intensa degradación”, por lo que “desde hace años es objeto de un mantenimiento continuo”. El mismo año la sociedad tomó en consideración, en el contexto de varios ruegos y preguntas del Parlamento, la demolición del viaducto. El martes, día del hundimiento del puente, el título de la concesionaria perdió el 5,3%, equivalente a 1.100 millones de euros, mientras las redes sociales se desahogaban contra la familia Benetton. 

El puente Morandi constituía un problema para Génova, hasta el punto de que hay en proyecto una autovía elevada que no transcurra por encima de la ciudad, aunque su construcción puede llevar unos 10 años de trabajo, según los expertos.

VIVOS DE MILAGRO

Mientras, la ciudad, que cuenta con el primer puerto de Italia, por el que llegan y salen el 50% de las mercancías, sigue en estado de shock por la tragedia –entre los muertos se cuentan varias familias enteras que empezaban las vacaciones- en los dos días de luto declarados. Los que lograron sobrevivir de milagro, muchos de ellos ingresados en hospitales, no acaban de salir de su conmoción. Como Luigi, de 38 años, cuyo furgón de proveedor de supermercados se encuentra todavía allí, motor en marcha, a un metro del abismo. “Había disminuido la velocidad a causa de un coche que me adelantaba y le vi desaparecer ante mis ojos. Clavé la furgoneta y escapé”.