Las mujeres podrán abortar por lo público sin dejar León

carmen Tapia | león

La Consejería de Sanidad modifica los criterios para la adjudicación de los conciertos con las clínicas privadas para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE) dentro de los supuestos legales. El cambio permitirá a la clínica privada Buenavista, única acreditara en León, a concurrir a un proceso de licitación para practicar abortos hasta las 14 semanas de gestación sin necesidad de que las mujeres tengan que desplazarse a la clínica Multimédica de Salamanca, que, junto a otra de Valladolid, tienen actualmente el concierto de todas las interrupciones de embarazos que se hacen dentro de la Comunidad. Hasta ahora las leonesas que interrumpen el embarazo dentro de los supuestos legales tienen que viajar a Salamanca, un recorrido 200 kilómetros de distancia que realizan desde hace diez años. La Consejería de Sanidad destina 158.835 euros a los conciertos de los abortos practicados a las leonesas. En la provincia de León se realizaron 351 abortos por lo privado en el año 2017, opción que eligieron las mujeres para no tener que moverse a Salamanca, periplo que realizaron otras 235 mujeres a las que Sacyl financió la intervención, según los datos de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León. En total, 586 abortos, el 23,2% de los practicados en la Comunidad. El mayor número de IVE se realizan en mujeres de Valladolid y León, que conjuntamente suponen la mitad de todo los practicados en Castilla y León, con 2.531 interrupciones voluntarias de embarazo en 2017. El precio de un aborto es de 400 euros.

La Dirección General de Asistencia Sanitaria confirmó ayer a este periódico que tras la reunión mantenida con el vocal de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria (Acai), Eugenio Civieta, propietario de la clínica Buenavista, «parece razonable plantear la modificación de los apartados pertinentes de la resolución por la que se fijan las tarifas máximas para la prestación de servicios de asistencia sanitaria concertada, que es la que regula las prestaciones que pueden contratarse». El cambio permite a las gerencias provinciales licitar de forma separada los tramos para la interrupción del embarazo de hasta 14 semanas y los posteriores «siempre que entiendan que licitando esos lotes por separado no se altera el objeto del contrato». Hasta ahora la licitación se hacía en bloques completos para toda la gestación pero a partir de la próxima contratación las clínicas autorizadas para practicar abortos podrán concurrir por lotes separados para practicar abortos hasta la semana 14, el tramo de edad gestacional que acumula el 98% de las interrupciones de embarazos que se realizan con medios concertados. ¿Por qué se concierta este servicio y no se realiza en los hospitales públicos?. Fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad aseguran que «la inmensa mayoría» de los profesionales sanitarios directamente implicados en el proceso tienen objeción de conciencia. El jefe del servicio de Ginecología del Hospital de León, Alfonso Fernández Coronas, asegura que todos los profesionales del servicio manifestaron su objeción de conciencia hace años. «Y nadie ha manifestado un cambio de actitud desde entonces». La Ley Orgánica de 2010 de salud y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que entró en vigor el 5 de julio de 2010 recoge en su artículo 18 que los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos y con los requisitos establecidos en la misma y se posibilita la objeción de conciencia de los profesionales. La ley recoge que esta prestación sanitaria se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma. «Por este motivo y ante la imposibilidad de realizar esta actividad con medios propios, existe la necesidad de concertar la prestación de interrupciones voluntarias del embarazo como desarrolla la Ley 8/2010 de 30 de agosto de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León donde establece que la iniciativa privada complementará las prestaciones ofrecidas por el sistema público «cuando resulte necesario y respetándose en todo caso los principios de publicidad, transparencia, objetividad y eficiencia».

La objeción de conciencia de los profesionales obliga a la Consejería de Sanidad a repartir geográficamente los abortos con conciertos con las clínicas privadas, procedimientos que cuestan 670.000 euros al año en toda la Comunidad, 160.000 para la provincia de León.

El gerente de la clínica Buenavista de León, Eugenio Civieta, espera que la gerencia provincial saque a concurso los nuevos contratos «en un plazo no superior a dos años» para poder concurrir «y así evitar que las mujeres tengan que desplazarse a otras provincias».

Asociaciones feministas

En Castilla y León, el único centro público que realiza Interrupciones de Embarazos (IVE) es el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro. En el año 2014 realizó nueve abortos; en el 2015 practicó 30 interrupciones y en el 2016 bajaron de nuevo a nueve, según los datos de la Consejería de Sanidad.

Las asociaciones feministas de Castilla y León se movilizan para que los abortos de practiquen en los hospitales públicos, sin necesidad de recurrir a conciertos con las clínicas privadas. «Preguntaremos a Sacyl y nos reuniremos con las mareas para insistir en que los abortos se practiquen en los hospitales públicos y no se concierten esos servicios».

Los supuestos regulados por la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, garantiza la interrupción voluntaria del embarazo siempre y cuando se realice por un especialista, ya sea en un centro sanitario público o privado concertado. «El acto de objeción es voluntario e íntimo que hay que respetar», aseguran desde el comité de bioética del Hospital de León.

Hasta las 14 semanas de gestación, todas las mujeres mayores de 18 años pueden elegir abortar por propia voluntad, sea cual sea la causa. Éstos son los que se podrán realizar en León si se conciertan los servicios con una clínica privada. Son el 98% de todos los abortos practicados en la Comunidad. En el resto de los supuestos las mujeres tendrán que acudir a centros acreditados para abortos de riesgo, como es el caso del resto de los supuestos de la ley. El embarazo se podrá interrumpir también hasta la semana 22 si existe riesgo para la vida o salud de la embarazada, si existen graves anomalías en el feto o se detecten anomalías incompatibles con la vida.

En los abortos farmacológicos, el ginecólogo, tras la exploración, administra la medicación a la mujer, que comienza con molestias y dolores y le obliga a volver al centro otras dos o tres veces. En los abortos instrumentales el proceso es menos rápido pero se acorta la convalecencia.

La mayoría de las mujeres que deciden abortar (330) tienen estudios universitarios o de bachillerato.