Hacer apología de la anorexia y la bulimia en internet sale gratis

"No comas nada sin saber cuántas calorías tiene". "Vomita formando un ángulo de 90 grados, para hacer presión al estómago y que la comida salga más fácilmente". "Usa ropa suelta cuando estés con tu familia para que nadie sepa tu secreto, pero cuando estés sola ponte ropa apretada para recordar lo mal que te ves". "Usa una banda elástica en cada mano y cada vez que quieras comer, tira de ella; así sabrás que la comida equivale a dolor". Todos estos peligrosos mensajes se encuentran en la red y cualquier persona, joven o mayor, puede acceder a ellos haciendo una rápida búsqueda. Son consignas, que se encuentran en foros y blogs llamados pro-ana (proanorexia) y pro-mía (pro-bulimia), que hacen apología de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), pero que a día de hoy, a diferencia de países como Francia, aún son legales en España.

Para poner freno a estos portales, la Generalitat de Catalunya anunció en julio del 2017 que estudiaría vías legales para perseguirlos. La idea era modificar dos leyes ya existentes: la de salud pública, para perseguir a los particulares, y el Código de Consumo, para actuar contra las empresas que alojan las páginas web. Según la Generalitat, la modificación de estas normas permitiría actuar desde el ámbito administrativo con gran eficacia y tomar medidas cautelares cuando fuera necesario.

Efecto disuasorio

Pero, a día de hoy, se pueden perseguir estos contenidos? "La única opción es presentar una denuncia para que la fiscalía solicite medidas cautelares al juzgado y el juez diga que cautelarmente se cierre la web porque los contenidos vulneran la salud pública", explica Rodolfo Tesone, abogado experto en Derecho Digital y diputado del Collegi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). Con los cambios propuestos por la administración catalana, en colaboración con el ICAB, se podría sancionar económicamente a las empresas que alojan las páginas web que promueven estas conductas, como Blogspot, Facebook, Twitter o Tumblr, siempre y cuando sean conscientes de ello y no hagan nada para retirarlas. Las que no las retiren, cometerían una infracción grave porque atentan contra la salud, que es un derecho básico, y las multas podrían ir de los 10.000 a los 100.000 euros, lo que no implica que pueda haber agravantes que las hagan aún mayores.

Las sanciones buscan tener un "efecto disuasorio", apunta Tesone, que cree que, a pesar de que son modificaciones "limitadas", pueden hacer "que no quede impune y que otras iniciativas más globales den un paso hacia adelante".

Si se aprueba, sería una legislación pionera en todo el Estado, pero Tesone asegura que, ni mucho menos, se podría atajar por completo esta problemática. "La modificación se dará solo en Catalunya, pero el problema en internet es que es un tablero de juego global. Uno de los retos es cómo perseguir aquellos servidores que están en otros países, por ejemplo", dice. Además, aunque ahora mismo se puede conseguir cerrar estas páginas, la facilidad de crear una nueva hace casi imposible controlarlas: "Todos sabemos que si te eliminan una página, basta con cinco minutos para replicarlo con un perfil falso", añade.

Aun así, cree que sería "un paquete de medidas" para paliar la situación y para facilitar la persecución a cuerpos de seguridad y tribunales. "No hay una varita mágica, pero ojalá otras administraciones y jurisdicciones se contagien. Si no vamos a una, no tiene ningún sentido", concluye.

De momento, en el cajón

Sin embargo, ninguna de estas propuestas está hoy aprobada. La intención inicial era que pudieran ver la luz verde a lo largo del 2017, pero la situación política del otoño pasado lo paralizó y cuatro meses después de la constitución del nuevo Govern, la iniciativa sigue aún en el cajón. La comisión del ICAB que estudiaba la normativa se ha disuelto y la nueva aún no se ha reunido para retomar el trabajo donde lo dejó la anterior. Además, fuentes de la Agència Catalana del Consum han señalado a EL PERIÓDICO que, a pesar de que no hay ninguna fecha prevista en el horizonte, la nueva directora, Elisabet Abad, "cree que es un tema muy importante y continuará trabajando en ello".

La propuesta legislativa de la Generalitat atendía la petición de la Taula de Diàleg per a la Prevenció dels TCA, que reúne la administración, las asociaciones y los hospitales. Ahora vuelven a ser las entidades las que reclaman acabar con la apología que se hace en las redes, por su elevado factor de riesgo y porque su existencia complica aún más la lucha contra estas patologías.

Un tema urgente

Desde la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB) exigen "darle el impulso que necesita", apunta su directora, Sara Bujalance. "Es un trabajo que ya está empezado y se debe acabar", añade. Sin este cambio normativo, dice, "no se puede hacer nada para controlar y hacer justicia contra estos tipos de contenidos". Lamenta que se puede avisar a la policía, pero sin esta "herramienta legal no sirve para nada".

La urgencia de las asociaciones no responde a su "capricho", sino a la realidad con la que se encuentran todos los días. "Estas páginas dificultan la conciencia de la enfermedad y fomentan una adoración del trastorno alimentario. Crece la obsesión y las pacientes acaban adoptando conductas que, por sí mismas, a ellas no se les ocurrirían", señala Reyes Raspall, directora de Setca, un centro donde tratan estos trastornos.

Entre el 2006 y el 2016 estas páginas han incrementado un 470% su presencia en la red. Además, un estudio hecho por la Taula de Prevenció hace un par de años a 294 pacientes en tratamiento revela que el 85,5% hacía consultas en internet sobre los TCA, que un 59% accedió a contenidos no saludables en su primera búsqueda y que un 71,3% consideraba que los contenidos que buscaba le perjudicaban.

"Estas páginas son un factor de riesgo para las jóvenes pero también un factor mantenedor para las pacientes que ya tienen la enfermedad", lamenta Bujalance. Raspall añade que son "una puerta abierta a conductas con mucho riesgo" y una vía de "propagación muy rápida de estos mecanismos nocivos". La solución, dicen, pasa por que la iniciativa "no quede olvidada en un cajón".

El origen de la demanda

La lucha contra estas webs la empezó hace años Lídia Amella, cuando descubrió que su hija Nadia, de entonces 13 años -ahora tiene 18-, vomitaba. Ella le preguntó dónde lo había aprendido y le confesó que lo había buscado en internet. "Entré yo también estas plataformas y no pude estar ni un minuto, me deshice", reconoce. Desde ese momento, su prioridad fue ayudar a su hija, pero también "parar la locura de estas páginas", explica a EL PERIÓDICO. Por ello, hace cuatro años puso en marcha una petición en Change.org, que cuenta con más de 284.000 firmas, para reclamar una legislación que persiga estos contenidos. También ha recogido su experiencia en el libro Adolescencia herida: comiendo con tu enemiga. "Esto no puede seguir", lamenta. Su lucha, dice, sigue "para que no haya más niñas consultando estas barbaridades y padres que lo desconocen".