«Hay que investigar la inclusa de León»

ana gaitero | león

«Llevo algo dentro de mis entrañas que no lo puedo querer. Pobrecito niño que ahora vas a nacer...». Es el comienzo de la carta entegada a un hijo en Peñagrande, uno de los centros del Patronato de la Mujer que funcionó entre 1955 y 1983, y que desencadena la investigación de Neus Roig sobre los bebés robados.

«En un mes me llegaron tres cartas iguales, se las daban a firmar a las madres, me pareció de una crueldad tal que empecé a investigar», explica. De aquellas cartas salió su tesis doctoral que acaba de publicar en formato de libro tomando como título el encabezamiento de las misivas: No llores que vas a ser el feliz .

En menos de tres semanas ya va por la segunda edición. «Me gustaría que estas mujeres salgan a la luz y digan si firmaron aquellos papeles voluntaria o forzadamente», apunta. La publicación coincide con la sentencia del caso de Inés Madrigal, la única denuncia entre 3.000 presentadas sobre robo de bebés que ha llegado a juicio. El resto, incluidas las 17 presentadas en León ha sido archivadas, algunas «con argumentos inverosímiles».

«España tiene la costumbre de meter todo debajo de la alfombra y tiene obligación de reconocer lo que pasó y empezar a ayudar a las víctimas», denuncia Roig. Entre los focos oscuros que hay que investigar menciona la inclusa de León. «Fue una de las más importantes de España, llegó a tener 5.000 niños y niñas y arroja unos índices de mortalidad superior a lo normal», explica.

Neus Roig considera la trama de los bebés robados como la gran «asignatura pendiente» de la memoria histórica y de la democracia. El caso de Inés Madrigal «ha destapado el desagüe» del robo de bebés, pero «España no está ayudando a las víctimas al no investigar. No quiere reconocer lo que ha pasado», apunta.

Su libro recorre el entramado organizado desde los comienzos de la Guerra Civil, con la retirada de los hijos a las mujeres presas. Diversas normas y decretos dieron forma a la «eugenesia positiva» defendida por el doctor Vallejo Nájera, que consistía en «extirpar el gen rojo» apartando a los bebés de sus madres y entregándolos a familias «para su educación cristiana». Roig busca en su investigación las conexiones con las directrices nazis y los Lebensborn ideados para expandir la raza aria. Muchos de los médicos pediatras que atendieron a estas madres se formaron en Alemania.

Una orden ministerial de 1941 permitía inscribir con una fecha aproximada a su nacimiento real y de padres desconocidos «a cualquier menor supuestamente no identificado». «Esa fue la primera ley que permitió cambiar la identidad de niños y niñas nacionales y, entre ellos, a los bebés nacidos en las cárceles y raptados a sus madres», explica Roig.

La represión se convirtió en negocio y el robo de bebés se prolongó hasta mucho más allá de la muerte de Franco. Neus Roig recuerda que el parto anónimo. que priva de la identidad a miles de personas, fue declarado inconstitucional en 1999, a pesar de que desde 1996 se establece el derecho de las personas adoptadas a saber sus orígenes. «Hay muchos archivos cerrados y la iglesia se niega a dar la documentación», subraya.

El parto anónimo permite que la madre no conste en el Registro Civil, «pero sí en las instituciones por las que pasó la madre para dar a luz», apostilla. La iglesia, agrega, tiene mucha de esta formación por ser las congregaciones religiosas —hasta más de 350— las que controlaban las inclusas y muchas materninades.

«Solamente en Valencia había nueve instituciones que se dedicaban a recoger madres solteras», apunta. En Madrid, el Patronato de Protección de la Mujer tenía un centro propio para estas mujeres que quedaban literalmente a merced de la orden religiosa.

«La dependencia de la mujer del padre, primero, y del marido, después, facilitaban arrebatar los hijos a las madres solteras», explica. Hasta 1977, las mujeres no casadas no pueden quedarse libremente con sus bebés salvo que el padre se hiciera cargo o la mujer encontrara marido. La etiqueta de distocia social, incapacidad de la madre para la crianza por motivos sociales, aparece en muchos partes médicos como justificación de la separación del hijo de su madre.

La antropóloga y fundadora del Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores señala que el modelo español fue copiado por las dictaduras de Chile y Argentina. «En Argentina se han destapado 500 casos y han pedido perdón», apostilla.

Pero España, con la ley de memoria histórica actual, da por zanjado el tema con la Ley de Amnistía de 1977. Neus Roig, que también pertenece a la Cátedra Interuniversitaria de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana, señala que lo menos que puede hacer España es «ayudar a las víctimas».

«Estamos ante delitos de lesa humanidad desde la Guerra Civil hasta muy entrada la democracia. No podemos tener víctimas de primera y segunda categoría», recalca. «Es muy duro que se abran tumbas y no se encuentre nada o que una persona de 60 años no sepa qué día tiene que celebrar su cumpleaños y que te diga: ‘Nací tres veces y en tres hospitales distintos’». Roig recalca que en España, hasta 1974, estaba prohibido arrojar a la basura cualquier resto humano lo que hace más inexplicable el hallazgo de féretros vacíos.

La oficina de atención a las víctimas que se creó en tiempos del ministro Gallardón, con sede en la calles La Bolsa, «ha servido para que haya empleados y haya ayudado a muchas personas adoptadas legalmente a obtener su documentación, pero no a las madres a las que forzaron a abandonar y firmaron ni a los hijos que no saben su identidad», denuncia.

Tan sólo han denunciado el 10% de las personas afectadas, pues se estima que alrededor de 300.000 niñas y niños fueron apartados de sus madres y familias con métodos coercitivos o engaños flagrantes. Sobre la sentencia de Inés Madrigal, que logró sentar en el banquillo al doctor Vela, aunque no su condena por el momento, apunta: «Es una sentencia descabellada», asegura «Reconocen que fue robada sin saber su identidad, quién en su madre biológica. ¿Y si la entregó voluntariamente?», plantea. Sin embargo, apostilla, «niegan la detención ilegal, que no puede prescribir hasta que la persona encuentre a su madre biológica». Que la fiscalía recurra esta sentencia, la única que se producido después de 3.000 denuncias por bebés robados da un poco de esperanza a esta antropóloga empeñada en aportar su grano de arena a la ingente investigación por hacer: «Es hora de que hagan algo».