Los agujeros del decreto para recuperar la sanidad universal

Unas 300 organizaciones sociales de toda España denuncian que el real decreto ley 7/2018 aprobado por el PSOE en julio para supuestamente devolver la sanidad pública a toda la ciudadanía sigue manteniendo la exclusión. Las entidades, agrupadas en la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (Reder), valoran la nueva norma como un "paso muy positivo" tras el real decreto del PP de hace seis años. Pero aseguran que la ley socialista "no armoniza el procedimiento ni los requisitos para poder obtener la tarjeta sanitaria" y tampoco asegura "la asistencia a menores de edad, mujeres embarazadas y otros grupos de población especialmente vulnerables o la atención en urgencias".

A través del informe 'No dejar a nadie atrás', critican que el retraso en el desarrollo del reglamento del real decreto ley 7/2018 ha traído consigo cinco problemas. Uno de ellos es la existencia de 17 coberturas sanitarias diferentes, en las que cada comunidad autónoma exige requisitos de distinto acceso a la sanidad. También denuncian que el padrón municipal sigue siendo una barrera, pues la mayoría de las comunidades exigen tres meses de empadronamiento para ser atendido en un centro público, pese a que este requisito no figura en la ley.

Además, según el documento, la ley socialista no especifica que los colectivos más vulnerables pueden recibir atención en cualquier circunstancia y, por tanto, "se están dado casos de exclusión sanitaria a embarazadas, menores de 18 años, víctimas de trata, solicitantes de asilo y personas que requieran atención en urgencias". También califican de "imposibles" de cumplir los requisitos administrativos que se exigen para acceder al sistema público de salud. "Incluso se pide a algunas personas que regresen a sus países de origen para conseguir esa documentación, algo obviamente inviable", denuncian las entidades.

Facturas cobradas a una embarazada en el CAP Sant Feliu de Guíxols el 15 de octubre y en el Hospital de Palamós el 12 de octubre. / EL PERIÓDICO

 

Dos facturas, cobradas a una mujer argentina embarazada en el Hospital de Palamós y en el CAP de Sant Feliu de Guíxols los pasados 12 y 15 de octubre (tres meses después de que el real decreto hubiera entrado en vigor) y a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, prueban la exclusión que denuncia Reder. A la mujer, de 24 años, se le cobró 80 euros por una visita en el CAP, y 135 y 120 euros por una urgencia y una ecografía en el Hospital de Palamós. Es algo que, según Reder, no ocurre solo en Catalunya, sino también en otras comunidades. "Tanto el Estado como la Generalitat son corresponsables [en este caso]. Hay comunidades que no están cobrando a los pacientes, lo que demuestra que la ley se puede interpretar de manera más o menos benevolente. Y el Gobierno tiene la clpa de no desarrollar el real decreto para cubrir las lagunas que hay", explican fuentes de Reder. 

Sanidad niega que haya exclusión

Pese a todo, el Ministerio de Sanidad niega que exista esta exclusión. Fuentes del departamento han asegurado a este diario que "el real decreto ley 7/2018 garantiza la sanidad pública a todas las personas que se encuentran en España, sin exclusiones". Las facturas del Hospital de Palamós y el CAP Sant Feliu de Guíxols prueban lo contrario. La normal, dice el Ministerio, está en vigor desde el 28 de julio e incluye a "los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en nuestro país desde el primer momento", así como a aquellas personas que llevan "menos de 90 días en España".

Sanidad se remite al artículo 3 del real decreto, que dice textualmente: "Las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española". "El real decreto ya es por ello plenamente efectivo", insisten fuentes del Ministerio, quienes recuerdan que el Congreso aprobó la tramitación de la norma como anteproyecto de ley, el cual ya se está tramitando y se encuentra en plazo de presentación de enmiendas. "Una vez se apruebe la ley se elaborará el correspondiente reglamento", afirman estas fuentes sin especificar una fecha aproximada.

Ascendientes reagrupados

El informe de Reder denuncia también la situación de los ascendientes reagrupados (madres y padres de migrantes regularizados que han llegado a España a través de un proceso legal), quienes siguen sin recibir la tarjeta sanitaria. También señala a Murcia y Galicia (especialmente en el municipio de Ferrol) como las comunidades en las que más dificultades se han registrado en el último trimestre para conseguir atención. "En Galicia, aunque se ha rebajado la exigencia de empadronamiento de seis a tres meses, se siguen poniendo todo tipo de barreras a las personas migrantes que no tienen la documentación en regla", asegura Reder. 

Es por eso que las entidades instan al Gobierno a no aplazar más la adopción del reglamento que armonice la aplicación del real decreto ley 7/2018 para así de verdad "garantizar el acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones, independientemente de la situación administrativa" de las personas.

Según Reder, desde el 2014 y hasta ahora, el sistema de salud público español ha dejado fuera al menos a 4.755 personas. En la realidad son muchas más, porque estas casi cinco mil personas son únicamente las que ha podido notificar la entidad. Entre ellas había 194 mujeres embarazadas y 322 menores de edad. Ha habido además 443 casos contabilizados de denegación de atención o facturación indebida en urgencias.

Según Reder, un total de 68 fueron de personas con algún tipo de cáncer, otras 45 con VIH, 116 con diabetes, 92 con hipertensión, 88 con enfermedades cardiovasculares y 68 con alguna enfermedad de salud mental grave.