El Gobierno estudia castigar con prisión cualquier acto sexual sin consentimiento

El Gobierno estudió este viernes el informe de la comisión de codificación encargada de revisar los delitos sexuales tras la conmoción social que causó la sentencia de 'la Manada'. Los expertos recomiendan al Ejecutivo que sea castigado con pena de cárcel cualquier acto sexual que no cuente con el consentimiento de la mujer, en línea con las manifestaciones en las calles que clamaban 'no es no' o 'solo un sí es sí' y que el Ejecutivo se ha comprometido ha llevar al Código Penal. 

Asimismo, los juristas proponen que desaparezca el tipo delictivo del abuso sexual, que es por el que fueron condenados los agresores de 'la Manada' a nueve años de prisión. En su propuesta, la legislación debería diferenciar entre agrexión sexual, para aquellos actos sin penetración, y violación. Esto supondría llevar al Código Penal la expresión más utilizada para referirse a los ataques sexuales con penetración, tal como solicitaban también los colectivos de mujeres y la sociedad.

El Ejecutivo estudió el informe de la comisión de codificación, así como un borrador del grupo de expertos encargado de revisar la ley de enjuiciamiento criminal desde una perspectiva de género, cuatro días después de que fuera encontrado semidesnudo el cadaver de Laura Luengo, un crimen que ha vuelto a convulsionar a la ciudanía, teniendo en cuenta que el asesino, Bernardo Montoya, salió de prisión en octubre.

LIBERTAD CONDICIONADA

Para aplacar el malestar y ante las presiones del PP para que no se derogue la pena de prisión permanente revisable, Carmen Calvo anunció que el Gobierno revisará las condiciones en las que los reos más peligrosos son puestos en libertad tras cumplir sus condenas, para limitar su libertad con medios telemáticos y otros condicionantes. 

Además, este viernes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, calificó el asesinato de Laura de "episodio de violencia machista", pese a que el homicida no era su pareja. El Pacto de Estado contra el maltrato propone de hecho considerar todos los crímenes por razón de género de la misma forma y contabilizarlos en una estadística única. Para cumplir con este mandato, la delegación del Gobierno envió una circular en octubre a las unidades de coordinación con el fin de recabar los datos de todos los feminicidios, tal como adelantó EL PERIÓDICO el martes. 

Celáa trasladó a la familia de Luelmo su "solidaridad y aliento" y señaló que el Gobierno trabaja para que las mujeres "se sientan seguras". En este contexto se encuadra la reforma de los delitos sexuales, entre otras iniciativas, que el Ejecutivo tiene ahora que rematar, una vez recibida la propuesta de los expertos. 

AGRAVAMIENTO DE LAS PENAS

La comisión de codificación propone además que las violaciones, en su modalidad más grave, se sigan castigando con 15 años de prisión, y que los casos más leves y hasta ahora considerados abusos, aunque cambien de denominación, no sean castigados con multas sino con cárcel de uno a tres años. 

El grupo recibió el encargo del exministro de Justicia, Rafael Catalá, y se puso manos a la obra después de que se incorporaran varias mujeres.