Todas las aulas tendrán plazas para una educación inclusiva

efe | valladolid

Todos los centros sostenidos con fondos públicos de Castilla y León tendrán una reserva obligatoria de plazas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y habrá un número máximo de esas plazas en cada aula.

Así lo recoge el decreto que ayer aprobó el Consejo de Gobierno que regula la admisión del alumnado en esos centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad, y que recoge la solicitud electrónica o que los empates para optar a una plaza se dirimirán a partir del número de solicitud y no de los apellidos.

Según detalló en rueda de prensa la portavoz de la Junta y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, el decreto avanza en la «posibilidad de que las familias elijan el centro educativo que deseen y en la igualdad de oportunidades de todos los alumnos».

Con esta nueva ordenación, se pretende favorecer la integración y facilitar el reparto equilibrado del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, avanzar en el principio de igualdad, agilizar los procesos administrativos e introducir la presentación electrónica de la solicitud.

Será de aplicación para el acceso al segundo ciclo de educación infantil, a la educación primaria, a la educación secundaria obligatoria y al bachillerato, así como a la transición a la vida adulta; y el primer ciclo de educación infantil tendrá regulación propia que se dictará en el marco de lo establecido en el decreto.

Calidad de gestión

El nuevo decreto establece mecanismos que contribuyen a una mayor calidad en la gestión del proceso y para ello incluye un completo catálogo de principios reguladores en los que, además de la garantía de acceso a la enseñanza o la libre elección de centro, se incide en la no discriminación, la igualdad en la aplicación de las normas, la calidad educativa y en la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

Según la referencia del Consejo de Gobierno, el avance en igualdad y no discriminación tiene una relación directa con la distribución equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Esto se plasma en medidas como la reserva obligatoria de plazas en todos los centros para este alumnado, en evitar la segregación escolar mediante actuaciones de planificación educativa o la imposibilidad de incrementar el porcentaje de alumnado con desventaja económica, social o cultural en los centros que ya se encuentran con altos porcentajes de esta población.

En cuanto a la mejora de la eficiencia y la eficacia, así como en la reducción de cargas administrativas, se realiza una reestructuración del proceso de admisión sustituyéndose los tres periodos hasta ahora existentes: ordinario, extraordinario y excepcional, por solo dos: ordinario y excepcional.

Con ello se garantiza una adjudicación de plazas más rápida a los interesados.