España suspende en la lucha contra la pederastia en la Iglesia

Se cumplen tres años esta semana desde que el exprofesor del colegio Marista de Sants-Les Corts, Joaquim Benítez, confesó a EL PERIÓDICO que había agredido sexualmente a menores. Tres años en los que muchas víctimas han dejado atrás los sentimientos de humillación y han dado el paso de romper su silencio, revelando ante los medios su sufrimiento y cómo en la mayoría de los casos, este fue silenciado por parte de las autoridades eclesiásticas, la Administración o su entorno. Y en estos tres años, ni se ha puesto en marcha una comisión de la verdad por parte del Gobierno o la Iglesia, como ha sucedido en otros países asolados por el escándalo, ni se han dado órdenes precisas a la fiscalía de que investigue, caiga quien caiga. Solo la confesión de Miguel Hurtado, que en enero desveló que el Monasterio de Monsterrat ocultó la violación que sufrió por parte del monje Andreu Soler, lo que ha desencadenado una aluvión de confesiones de otras víctimas, ha logrado que el Gobierno dé los primeros pasos encaminados a arrojar luz sobre el negro episodio del catolicismo.

Los avances, son sin embargo todavía muy tímidos. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, remitió este jueves una carta a la Conferencia Episcopal en la que solicita a la Iglesia que le facilite las investigaciones llevadas a cabo, en la actualidad y en el pasado, sobre abusos y agresiones sexuales a menores. Las autoridades eclesiásticas se han negado, hasta ahora, a hacer públicos sus archivos o investigar a fondo, como sí han hecho la iglesia alemana o irlandesa, entre otras. Ante el aluvión de acusaciones, los obispos españoles tan solo crearon, el pasado octubre, una comisión destinada a actualizar sus protocolos de actuación, que datan del 2010 y no obligan a los eclesiásticos a denunciar sino que “invitan” a las víctimas a presentar ellos mismos la denuncia.

El Código de Derecho Canónico sí exige a la Iglesia indagar cuando se tenga conocimiento, pero de manera interna, lo que ha provocado reacciones diversas, desde instituciones que pagaron, como el Monasterio de Montserrat a Hurtado para comprar su silencio, a otras que han movido de sitio al párroco acusado y, en el mejor de los casos, lo han apartado del contacto con los niños o expulsado de la institución.

OCULTACIÓN DE DELITOS

“Lo que estamos pidiendo es información sobre sus investigaciones internas y si han comunicado algunas […] porque la verdad es importante para prevenir y por las víctimas”, justificó Delgado en los ‘Desayunos de TVE’, donde adelantó la noticia. En su carta a los obispos, la ministra recalca que estos delitos “no pueden ser ocultados ni considerados hechos privados”, sino que merecen el máximo reproche social y la “contundente respuesta del ordenamiento jurídico penal”.

Este paso se une a la instrucción que remitió el martes al Fiscal General del Estado para que le informe sobre las diligencias abiertas. De hecho, según fuentes gubernamentales, una vez recibido el informe de la Conferencia Episcopal, se dará traslado de sus datos a la Fiscalía para que determine si se puede iniciar una actuación judicial contra el posible culpable y/o contra la congregación religiosa por “encubrimiento” o “facilitación” del delito. Está en línea de lo que piden organizaciones en defensa de la infancia como Save the Children. El Gobierno confía en que la Iglesia colabore. Pero, si no es así, tiene intención de informar al Ministerio Público de su intento de obstrucción, según avisan las citadas fuentes.

EL MURO DE LA PRESCRIPCIÓN

La tardía voluntad del Ejecutivo choca, sin embargo, con un muro hasta ahora infranqueable: la prescripción de los delitos, tanto de los abusos como el de ocultación. Los casos que están aflorando son de los años 70, 80 y 90 y, en muchos casos el culpable ya ha fallecido y en los demás, el delito casi siempre ha prescrito. En el mayor escándalo de pederastia hasta la fecha, el ‘caso Maristas’, de la cuarentena de denuncias que se registraron contra una docena de profesores se archivó la inmensa mayoría, salvo cuatro contra un único docente, Benítez.

El Ejecutivo y los partidos políticos son conscientes de este problema y por ello, en cumplimiento del mandato del Congreso, el anteproyecto de protección a la infancia amplía 12 años el plazo de prescripción, que empezará a contar cuando la víctima cumpla 30 años y no a partir de los 18, como ocurre ahora. Si bien, el cambio legal no tendrá efectos retroactivos, es decir, sólo beneficiará a las víctimas que sufran violaciones a partir de que entre en vigor.

ARROJAR LUZ Y DOCUMENTAR

El Gobierno es consciente de esta dificultad, pero aún así, según recalcan las mismas fuentes, su intención es recabar datos para tratar de conocer la extensión del fenómeno y reparar, en la medida de lo posible, a las víctimas. “Es necesario arrojar luz para afrontar el futuro con dignidad. Se lo debemos a las víctimas, que merecen una reparación moral a través del reconocimiento de su dolor. Conocer la dimensión del problema nos ayudará al esclarecimiento de unos hechos que repugnan a la sociedad, incluido sin duda a la propia Iglesia”, señala Delgado en su misiva.

El problema es que la respuesta estatal, que se une al deseo de la Generalitat de abrir su propia investigación, llega “tarde y mal”, según Miguel Hurtado, también portavoz de la Asociación Infancia Robada, que ha empezado a congregar a afectados por la pederastia religiosa. De entrada, nadie sabe si, en plena convulsión por el conflicto catalán, la legislatura va a durar lo suficiente. En Australia, por ejemplo, el trabajo de la comisión duró 5 años y fue llevado a cabo por expertos independientes. Para hacer algo similar en España, según el activista, el Gabinete de Pedro Sánchez debería pedir ayuda a la ONU para emitir un informe “creíble”.

LA VÍA CIVIL

Más rápido sería, en su opinión, “garantizar el acceso efectivo a la justicia”, mediante dos vías: aumentando la prescripción hasta que la víctima cumpla 50 años, para casos futuros, y permitiendo que los niños violados en el pasado puedan optar, por la vía civil, a reclamar una indemnización por las secuelas que les ha dejado el abuso.

Asimismo, Hurtado solicita que la fiscalía investigue aunque los delitos hayan prescrito. “Hay que tirar del hilo porque en el ‘caso Maristas’ se comenzó con uno y luego había más, es lo que se está haciendo en Chile”, subraya. En tercer lugar, el también activista pide al Defensor del Pueblo que abra una investigación, similar a la que llevó a cabo el Síndic de Greuges en el 2016 sobre el ‘caso Maristas’. Sus reivindicaciones están, por tanto, aún muy lejos de ponerse en práctica.