El Vaticano afronta una cumbre antipederastia histórica sin la confianza de las víctimas

A tres días del inicio de una cumbre sin precedentes en la milenaria historia del Vaticano (la reunión mundial contra la pederastia que se celebrará entre el 21 y el 24 de febrero) las distancias entre la Iglesia y los grupos de víctimas desplazados a Roma se antojan insalvables.

El papa Francisco confía en que la reunión de la Protección de la Infancia revierta la crisis más grave que vive la institución, con escándalos de pederastia que se desentierran en rincones de todo el planeta, y se convierta en un "poderoso gesto de la pastoral" para afrontar un "desafío urgente". Sin embargo, los grupos de víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos cristianos, apiñados bajo asociaciones como la ECA (Ending Clergy Abuse), desconfían de "gestos" y exigen que de la cumbre salga un compromiso real con la "tolerancia cero".

La reunión se celebrará a puerta cerrada en el Vaticano y comenzará este jueves. Asistirán 114 responsables de conferencias episcopales de otros tantos países. Cada una de estas conferencias actuará en representación de las diócesis circunscritas a cada estado, como España. En la extensa y multitudinaria rueda de prensa que este lunes han ofrecido Hans Zollner, coordinador del encuentro, Federico Lombardi, moderador, y Charles Scicluna, que dirige las investigaciones de la Doctrina de la Fe, se ha mantenido en secreto quiénes y cuántas serán las víctimas que participarán en la cumbre, aunque sí ha trascendido que algunas lo harán a través de un testimonio grabado (que se proyectará en cada una de las cuatro sesiones) y que otras intervendrán en persona. 

EL "MARGEN" DE LA DISCORDIA

 

Zollner, teólogo y psicólogo alemán, ha reconocido a Europa Press que las dificultades para que cristalice en un acuerdo estricto y global de proceder ante los casos de pederastia son mayúsculas. Si las medidas adoptadas no dan cierto "margen" de maniobra a las diócesis, ha admitido, no serán válidas para todos los obispos dadas las diferencias culturales y políticas existentes entre los distintos países. Una limitación que el Vaticano espera hacer conjugable con un avance notable en la protección de la infancia pero que para los grupos de víctimas a todas luces impedirá un final satisfactorio.

Miguel Hurtado, uno de los portavoces de la ECA desplazado a Roma, se preguntaba esta mañana, desde el exterior de la oficina en la que se ha llevado a cabo la presentación de la cumbre, si este "margen" que ya planea conceder el Vaticano esquivará de nuevo una orden manifiesta e inequívoca por parte de la Iglesia de que cualquier diócesis del mundo debe denunciar a la justicia civil (ordinaria) los casos de abusos de los que tenga conocimiento.

Hurtado es el primer denunciante que reveló a EL PERIÓDICO que fue víctima de Andreu Soler, el monje de Montserrat fallecido en el 2008 sobre el que actualmente ya pesan acusaciones de otras nueve personas. El de la Abadia de Montserrat se ha convertido ya en uno de los principales casos de pederastia que han eclosionado en Catalunya en los últimos años. Como los destapados por este diario en los Maristas en el 2016 (que finalizó con una cuarentena de denuncias contra un docena de profesores) o en la parroquia de Constantí, en Tarragona.

 

TOLERANCIA CERO 

Peter Isely, portavoz americano de la ECA, ha recordado que para las víctimas todo se reduce al "número cero" pero ha dejado claro que solo compartirán la "tolerancia cero" vindicada por el papa Francisco si se dan dos condiciones que no son negociables ni para ellos ni para sus familias.

La primera es que el Vaticano debe comprometerse con una "ley universal" que debería obedecer cualquier iglesia del planeta consistente en que si un sacerdote, monje o hermano abusa sexualmente de un menor este debe ser "expulsado" del clero. Y "expulsado" significa que ser secularizado (el castigo más grande para un sacerdote) y acto seguido puesto en manos de las autoridades para que la justicia ordinaria "lo juzgue" y acabe "en prisión".

La segunda condición es que todos los obispos y cardenales que "encubran" los casos de abusos deben ser también "expulsados". Porque el "encubrimiento", ha razonado Isely, es "en muchos aspectos peor" que el abuso sexual en sí mismo. "Supervivientes y familias hemos esperado mucho tiempo para que se celebrara una cumbre así pero solo cuando veamos a abusadores y encubridores son expulsados podremos hablar de tolerancia cero".

Hurtado será una de la docena de víctimas que este miércoles 20 de febrero, un día antes del inicio de la cumbre, se reunirán con los organizadores del Vaticano. Como Isely, Hurtado ha asegurado que no han venido a Roma únicamente a escuchar disculpas si no a defender lo que consideran que es justo.

En el 2014, la comisión de la infancia de la ONU, tras investigar la pederastia en la Iglesia, entregó una serie de recomendaciones que el Vaticano rechazó. Estas, recuerda Hurtado, siguen pendientes. 

TRANSPARENCIA CON LAS CIFRAS

Las víctimas, como en su día hizo la ONU, piden al Vaticano que entregue a las autoridades civiles todos los casos de abusos sexuales de los que tiene conocimiento. Desde hace años, las diócesis de cualquier país deben informar a la Doctrina de la Fe de cualquier denuncia de pederastia que reciban contra sus sacerdotes porque este es el órgano encargado de investigarlo internamente. De este modo, el Vaticano tiene en su poder una cifra desconocida de casos detectados en todo el mundo. Una de las cosas que persiguen las víctimas, y que la Iglesia no va a atender, es que se haga pública esa cifra. 

Piden más cosas, recuerda Hurtado. Que las conferencias episcopales apoyen las campañas para alargar la prescripción de los delitos sexuales (la española no lo ha hecho a pesar de que ya cuenta con más de 500.000 firmas que la suscriben) y que se repare a las víctimas con indemnizaciones que, al menos, costee los tratamientos psicológicos que necesitan para sanar las secuelas. 

Víctimas y Vaticano sí coinciden en algo: acabe como acabe, es una cumbre histórica.