Las redes sociales retan a Vox tras su intento de "purga" en las unidades de atención a víctimas del machismo

La formación de ultraderecha Vox ha logrado activar aún más el movimiento feminista cara a las acciones previstas para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con su propuesta de reclamar información personal de los trabajadores de las unidades de “la mal llamada violencia de género”, los servicios donde se evalúa el grado de riesgo de las mujeres y menores víctimas de esta lacra social. Argumenta Vox que se trata de comprobar su cualificación profesional a fin de evitar que estos puestos sean copados por “meros agentes políticos de la izquierda dedicados a promocionar y potenciar la industria de género”, según detallaron en Twitter, la principal vía de comunicación oficial del partido. La ofensiva contra la "purga ideológica" no se ha hecho esperar, y desde el viernes las redes sociales han expresado un masivo rechazo a esta persecución mediante una campaña iniciada por la periodista y escritora Cristina Fallarás bajo la etiqueta #ApuntaMiNombreVox.

Fallarás lo tuvo claro en cuanto supo de la petición de identificar a estos trabajadores con nombres y apellidos. “Era un paso claramente fascista -detalla-, unas listas que remiten irremediablemente a tiempos como los del gueto de Varsovia o los pogromos antijudíos en Rusia”. Y decidió promover una respuesta de autoinculpación sabiendo que se unirían muchos ciudadanos, dada la enorme capacidad de las redes sociales de movilizar y organizar a las personas de forma inmediata y a gran escala. El objetivo, dice, era “manchar a Vox descubriéndoles como fascistas y dejándoles claro que tienen gente enfrente”.

“Se crea una infección por contagio, es tal la repercusión que otros partidos políticos lo tendrán en cuenta a la hora de pactar o acercarse a ellos”. La periodista rebate que este tipo de acciones acabe dando más visibilidad a Vox. “La visibilidad la tendrá siempre, lo que hay que mirar es la calidad de esa visibilidad, que sea mayor la repercusión negativa que la positiva”, explica en alusión a la que generan desde el propio partido o sus simpatizantes difundiendo sus ideas y propuestas y troleando a otros usuarios. De esta forma, y dada la “abrumadora” respuesta obtenida en apenas unas horas, Fallarás está convencida de que además de al antifeminismo y al antiindependentismo, la formación ultraderechista “está ligada desde ahora al fascismo”.

En apenas tres horas, el hashtag #ApuntaMiNombreVox alcanzó los 30.000 tuits, explica Fallarás. Un día después, este sábado, los tuits resultan incalculables, y más aún si se tienen en cuenta las posibles variantes de esta etiqueta (por ejemplo, con palabras en mayúsculas) o en otras lenguas oficiales como el euskera o el catalán, o incluso los retuits o likes. Por su parte, Vox seguía insistiendo en que su único interés era asegurarse de la profesionalidad de quienes protegen a las víctimas de malos tratos, y atribuían la campaña online a “que lo único que les preocupa es mantener vivo el negocio de género”.

Nadie se quedó atrás en la ola de indignación, desde anónimos taxistas, abuelos en defensa del futuro de sus nietas o estudiantes, profesores o funcionarios a cargos públicos, políticos, actrices, cantantes, escritoras… Algunos de los comentarios ponían el acento en que quien ha dado alas a las peticiones de Vox son precisamente los dos partidos del gobierno andaluz, PP y Ciudadanos, que se han apoyado en la formación de ultraderecha para llegar a la Junta de Andalucía.

Impacta leer el testimonio de la valenciana Alicia Bayarri, abogada especialista en familia, menores y violencia de género, que hace hincapié en que este cuestionamiento a las víctimas de la violencia machista no viene de ahora. “Como abogada de oficio de viogen, me han insultado, han intentado agredirme, me han perseguido en coche... Miedo? Ya no. Hace años que estoy en la lista”.

También el de Amparo Rubiales, histórica dirigente del PSOE andaluz, que recuerda que hace 40 años, siendo concejal, “fui con mis compañeros, todos hombres porque no había mujeres, al juzgado para imputarme por haber abortado, en solidaridad con la clínica Los Naranjos de Sevilla. Hoy también me autoinculpo. #ApuntaMiNombreVox #NiUnPasoAtrás”. Aludía así a la reacción ciudadana que surgió tras la condena en los años 80 a cinco médicos sevillanos de dicha clínica condenados por practicar abortos antes de que este estuviera parcialmente despenalizado en 1983, y que gracias a la movilización de miles de mujeres que mandaron sus firmas al tribunal inculpándose de abortos fueron indultados. 

Muy celebrado fue el de Miguel Llorente, especialista en violencia machista y delegado del Gobierno para la violencia de género en el 2008, durante el primer gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. “Como coordinador de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía en 2005, tuve el privilegio de coordinar la puesta en marcha de las 8 Unidades de Valoración Integral de VG junto a magníficas compañeras y compañeros. Creo que fueron las primeras de España. #ApuntaMiNombreVox”, dejó escrito, para inquirir a los integrantes de la formación de ultraderecha si el siguiente paso sería “pedir el nombre de quienes atendieron a las mujeres maltratadas en Urgencias o en Consultas? ¿Y el de los trabajadores y trabajadoras sociales de ayuntamientos y diputaciones? #ApuntaMiNombreVox”.

CONTRARIA A LA PROTECCIÓN DE DATOS

Hubo también quien, como la diputada socialista Ángeles Álvarez, sacaba los colores al impulsor del requerimiento, el juez Francisco Serrano, de quien recordó que fue apartado temporalmente de la carrera judicial por prevaricación al alterar un régimen de custodia para que un niño pudiera participar en un desfile procesional de Semana Santa con su padre, a lo que se oponía la progenitora a la que le tocaba pasar esos días con el menor. “Pues estaría bien que Vox y el #ElJuezSerrano se leyesen las leyes. Ya fue condenado por prevaricar y parece que sigue igual. Él provoca y amenaza a trabajadores/as públicos a sabiendas de que vulnera la Ley y atenta contra un derecho. #ApuntaMiNombreVox”, señaló Álvarez, adjuntando una imagen del reglamento de la cámara andaluza donde aparece subrayado que se podrán facilitar las peticiones de información para el control del Ejecutivo siempre que no vulneren las garantías para la protección de datos de carácter personal. Un enunciado que choca frontalmente con la petición de Vox, que pide conocer entre otros datos nombres y apellidos y número de colegiación.