El campo se niega a ser la selva
La suspensión de la actividad cinegética afectará al control de enfermedades como la sarna, roña o tuberculosis.
Ejemplar afectado por la sarna, en un área de la montaña cantábrica leonesa.
La Alianza UPA-COAG consideró que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León «da alas a los que prefieren selva en vez de campo», al suspender el decreto de caza, 10/2018, de 26 de abril, y que regula la conservación de las especies cinegéticas, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre, según un comunicado. La opa recordó que en las últimas horas, el TSJ de Asturias rechazó el recurso del Pacma contra el Plan del Lobo de la región vecina.
Con esta decisión judicial, señaló que es «imprescindible» que los responsables de legislar y de gobernar promulguen normas técnica y legalmente «bien construidas que den seguridad jurídica y protejan las acciones que la sociedad necesita adoptar para que la fauna salvaje sea un patrimonio natural y no un problema para los ciudadanos».
A su juicio, este «palo judicial» a la Consejería de Medio Ambiente «golpea las costillas» de los agricultores y ganaderos d, que son los que en mayor medida sufren las consecuencias de una «proliferación inaguantable de todo tipo de animales silvestres», ya que destrozan los cultivos, matan al ganado, transmiten enfermedades (sarna, roña brucelosis, tuberculosis, etc.), provocan muertes en accidentes de tráfico y, «si de la voluntad de algunos grupos animalistas dependiera, acabarán por ser los únicos seres vivos que pueblen el medio rural».
Desde el «respeto a las decisiones judiciales», la organización consideró «imprescindible» disponer de herramientas para el control de las especies silvestres. «No hacerlo, dejaría totalmente indefensos no solo a agricultores y ganaderos, sino al conjunto de la sociedad, que ya está viendo las consecuencias de una proliferación descontrolada de fauna salvaje, como por ejemplo, la irrupción en las ciudades de manadas de jabalíes o los daños en las infraestructuras viarias de los conejos».
Igualmente, señalaron que este «despropósito» no atiende «a quienes están en peligro de extinción, que son las personas que habitan el medio rural y las zonas de sierra y montaña, puesto que su preocupación parece estar en que prevalezcan los intereses animales antes que el de los ciudadanos».
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, avanzó que la Junta recurrirá el auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha suspendido de manera cautelar el decreto del catálogo de especies cinegéticas y confió en la «aplicación inmediata» de los cambios normativos que van a aprobar las Cortes para que se pueda corregir la situación creada.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno durante esta semana, Suárez-Quiñones explicó que en este momento existe una orden en vigor, pero precisó que también está recurrida y en resolución por parte de la misma sala que ha suspendido el decreto. En caso de que la decisión judicial siguiera el camino del decreto, el consejero manifestó que no se podría cazar, si bien la media veda no se abre hasta agosto y la caza menor en otoño.
Unidad de acción política
Por ello, resaltó la importancia de garantizar por ley el catálogo de especies cinegéticas, como se recoge en la proposición de ley de modificación de la ley de Caza de la Comunidad, presentada por el Grupo Popular y que cuenta con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y UPL. Su aprobación, previsiblemente en el último pleno de las Cortes, será de «aplicación inmediata» para corregir la situación creada con el auto del TSJ, precisó.
En concreto, la proposición de ley recoge que la relación de especies cinegéticas podrá ser modificada mediante decreto de la Junta de Castilla y León. También, introduce en una disposición adicional que las referencias que la Ley de 1996 de Caza de Castilla y León hace a la Orden Anual de Caza han de entenderse realizadas al Plan General de Caza de Castilla y León, en el que se incluirán periodos hábiles, modalidades de caza permitida y medidas de protección temporales.
El consejero se decantó por una reforma integral de la ley de Caza, que confió en que se realice en la próxima legislatura, y no sólo por la puntual modificación a través de la proposición de ley.