Sackler opta a apellido maldito

Nueve personas mueren cada día en el estado de Nueva York de una sobredosis de opioides. Es el doble que hace solo seis años, otra de las cifras demoledoras de la epidemia de adicción que consume a Estados Unidos, donde en las dos últimas décadas han fallecido más de 400.000 personas por consumo de opiáceos, con receta o ilegales. Es una plaga compleja y en evolución en la que se conjugan numerosos factores y actores pero desde el principio, cada vez más y bajo peor luz, en cualquier narración aparece un nombre propio: Sackler. Y se estrecha el círculo legal y social sobre esta familia que fundó Purdue, la farmacéutica que desarrolló OxyContin, el analgésico narcótico comúnmente identificado en la raíz de esta crisis.

En los últimos días varios hechos han intensificado un poco más ese cerco. Este jueves, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda en la que, entre farmacéuticas, distribuidoras y farmacias a las que se piden responsabilidades, aparecen con nombre y apellido ocho Sacklers. Y el pliego de cargos, construido en parte sobre la base de otra demanda en Massachusetts que ya arrojó luz sobre el papel fundamental que desarrollaron en la crisis implicándose personalmente en la agresiva y engañosa promoción del OxyContin como menos adictivo de lo que era, realiza uno de los retratos más demoledores hasta la fecha de la familia, una de las más ricas de EEUU y durante décadas nombre clave en la filantropía y las artes a ambos lados del Atlántico.

ACTOS DE "MALA FE"

La demanda neoyorquina asegura, por ejemplo, que los Sackler fueron metódicos intentando borrar restos documentales que pudieran revelar los beneficios de Purdue. También que abolieron los informes de resultados trimestrales insistiendo en que la junta directiva solo recibiera información verbal o que votaron para pagarse a sí mismos millones de dólares a menudo colocándolos en compañías fuera de EEUU. Asimismo, se explica que cuando Purdue empezó a ser seriamente investigada por las autoridades federales a mediados de la década pasada, los Sackler crearon una nueva compañía para seguir vendiendo opioides, Rhodes, que llegó a hacerse mayor que Purdue.

Para la fiscalía neoyorquina algunos de esos son actos “de mala fe” con los que la familia Sackler, con una fortuna valorada por 'Forbes' en 14.000 millones de dólares, intenta esconder parte de su dinero para evitar hacer frente a potenciales multas y responsabilidades legales. Y estas han empezado a llegar. 

También esta semana en Oklahoma se anunció un acuerdo de Purdue con la fiscalía estatal para evitar un juicio que debe arrancar en mayo. Pagando 275 millones de dólares, la empresa evitará sentarse junto a otras farmacéuticas en ese banquillo y someterse en un juicio en el que se van a permitir cámaras de televisión. De ese monto, 75 millones no los paga la farmacéutica, sino los propios Sackler, que evitan así la exposición pública, y con pruebas, de su más que cuestionable actuación en la crisis. Aunque la familia ha definido el pago como una “donación voluntaria” para crear un centro de tratamiento de adicciones en el estado y ha asegurado que no representa admisión de culpabilidad o responsabilidad, representa su primer pago directamente vinculado a la epidemia.

UNA AVALANCHA DE DEMANDAS

Los Sackler difícilmente podrán, no obstante, pagar para escapar del escrutinio en todos los procesos en su contra. Porque son 35 estados además de Oklahoma y Nueva York los que han presentado demandas que les salpican. Y en Ohio un juez federal intenta aglutinar en un solo proceso más de 1.600 demandas de comunidades, desde en reservas de indios hasta municipios y condados.

La presión es tal que la empresa ha dejado que los medios especulen con la posibilidad de que podría declarar la bancarrota. Y es algo que la fiscalía neoyorquina ha denostado como una mera “campaña mediática bien pensada y deliberada” con la que Purdue pretendería “intimidar” a los estados, que podrían considerar mejor cobrar algo ahora que arriesgarse a verse sin nada para una empres desahuciada. De hecho, el fiscal general de Oklahoma, Mike Hunter, ha reconocido que la posibilidad de bancarrota de Purdue influyó en su decisión de llegar al acuerdo extrajudicial.

PARIAS EN LA FILANTROPÍA 

Los Sackler empiezan a ser, además, cada vez más parias en un universo donde han brillado hasta ahora: el de la filantropía en artes, educación y ciencia. La semana pasada el museo Guggenheim de Nueva York, la National Portrait Gallery y las galerías Tate de Londres anunciaron que rechazarán donaciones de la familia. Algunas otras de las instituciones que reciben o han recibido sus fondos, como el Metropolitan o la Universidad de Columbia, estudian esa financiación, y en el caso de la Universidad de Tufts han contratado a un antiguo fiscal de Massachusetts para analizar la relación con la familia. Y tanto un fondo filantrópico de los Sackler como una fundación familiar en el Reino Unido han anunciado que, al menos por ahora, dejarán de dar dinero.

The 'Wall Street Journal' también ha informado recientemente de que un 'hedge fund' que gestionaba dinero de los Sacklers, Hildene Capital Management, les informó el año pasado de que no seguirían haciéndolo. Alguien vinculado a Hildene, según le explicó el presidente al rotativo, se vio afectado por “una tragedia relacionada con opioides”. Está claro que no solo los tribunales hacen la conexión entre la epidemia y los Sackler.