Más de cinco mil millones europeos
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Los pagos acumulados de la Política Agraria Común (PAC) a cargo del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) en lo que va de ejercicio 2019 -desde el 16 de octubre de 2018 al 31 de agosto- suman 5.298,81 millones de euros. Así lo recoge el último informe mensual (agosto de 2019) del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) sobre los pagos del Feaga, en el que se han contabilizado los diez primeros meses del año fiscal 2019, que finaliza el 15 de octubre próximo.
De esos 5.298 millones, resalta el importe abonado al Régimen de Pago Básico -2.688,94 millones de euros- y el pago a prácticas beneficiosas para clima y medio ambiente (1.386,45 millones).
Les siguen en importancia los pagos correspondientes a la “ayuda asociada voluntaria” (564,28 millones) y al Programa de Opciones Específicas para las Islas Canarias (Poseican), con un importe de 251,00 millones.
Pagos por comunidades
Desde que se inicio este ejercicio, Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Aragón y Navarra han pagado más del 94,94 % del importe desembolsado por cada una de ellas durante todo el ejercicio anterior.
Por debajo del porcentaje medio para el conjunto de regiones se sitúan Andalucía, Canarias, Baleares, Cataluña, País Vasco, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana, que han pagado entre el 94,56 % y el 69,60 %. Los pagos Feaga relativos únicamente al mes de agosto ascendieron a 11,11 millones de euros.
En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), desde el inicio de este ejercicio y en relación con el Gasto Público Total (GPT) recogido en los programas de desarrollo rural para el período 2014/20, los pagos realizados a 31 de agosto se fijaron en 1.571,50 millones de euros.
En otro orden de cosas, los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) debatieron esta semana un conjunto de medidas para tratar de mitigar los efectos nocivos de las explotaciones agrícolas y ganaderas sobre el medio ambiente a través de acciones como la captura de carbono. En ellas, España defiende que al menos el 40% de las ayudas tenga una afectación directa o indirecta con relación a los objetivos de la lucha contra el cambio climático y el mantenimiento del medioambiente.