Sólo una de cada veinte víctimas de trata es protegida

Dos jóvenes vietnamitas que se retractaron de ser víctimas de trata fueron expulsadas ayer de España desde el aeropuerto de Barajas. La Oficina del Defensor del Pueblo ha estado pendiente desde el jueves, cuando la Comisión Española de Ayuda al Refugiado dio la alarma, de este caso que la jefa de la Unidad de Migraciones e Igualdad de Trato, Elena Arce, presentó ayer como un caso paradigmático de las víctimas invisibles de la trata.  

Según la Unión Europea, diecinueve de cada veinte víctimas de trata no son identificadas y por tanto no reciben protección. En el mejor de los casos son devueltas a su lugar de origen como sucederá con las jóvenes vietnamitas —se sospecha que son menores— tras ser rechazado el recurso de Cear ante el Tribunal Europeo de Derechos Humano.  

Las víctimas de trata no van con cadenas, como se las pinta en muchos carteles de sensibilización. Mienten por miedo y suelen renunciar al período de reflexión que se les ofrece para acogerse al estatuto de protección de víctimas.  

Son «incómodas». La víctima ideal de trata, que colabora con la policía, ofrece datos precisos de sus tratantes y explotadores, sobre todo las que son prostituidas, «no existe», aseguró ayer Elena Arce en las XII Jornadas de Mujeres Migrantes organizadas por la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan en el Musac.

«En 2018 hemos identificado a 220 personas víctimas de trata en España, es una cifra que, de ser real, no justificaría que yo haya venido hoy desde Madrid aquí», añadió. En la misma jornada, Francisco Javier Fanegas Veiga, jefe de sección del área de Inteligencia del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, señaló que el año pasado la policía contabilizó 891 potenciales víctimas.  

¿Qué pasó con las más de 600 cuya condición de víctima no se llegó a verificar y con muchas más que ni siquiera fueron detectadas por el sistema? La respuesta está en la reflexión Elena Arce es que «tenemos una legislación protectora» —la ley de trata de 2010— pero «algo falla». «Un buen sistema puede dejar en la cuneta a las más vulnerables porque la víctima de trata ‘ideal’ de trata no existe», subrayó.  

El representante del Citco señaló que «la formación nos ha ayudado a la sensibilización, pero las víctimas de trata aún ven a la policía como un enemigo que va a ir en contra de ellas. Estamos vendidos», dijo en la charla que abrió las jornadas.  

La responsable de la oficina de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo defendió que la identificación de las víctimas de trata deje de ser responsabilidad de la Policía. Tampoco cree que deba encomendarse esta tarea a las oenegés especializadas, sino al personal funcionario que se determine. «Hay muchos casos en que la denuncia no es la salida, porque las víctimas están amenazadas de muerte, ellas o sus familias y tienen miedo», señaló Diana Tutistar, técnica del Centro de Día para Mujeres Inmigrantes de la FFM en Valencia.  

«En la mayoría de los casos, las víctimas no van a aportar nada relevante a la persecución del delincuente y es comprensible que eso sea frustrante para la policía, cuya misión es perseguir a los delincuentes», señaló Elena Arce.  

Asimismo, recordó que Naciones Unidas alerta «a los estados de que tienen que tener cuidado para no utilizar a las víctimas de trata como meros peones en su lucha» contra este crimen organizado. El Convenio de Varsovia, suscrito por España, «obliga a poner a las víctimas en el centro y no vincular su protección a que denuncien o no», explicó.  

El déficit de identificación de las víctimas de trata en España. que también lo ha señalado ¡Greta, el grupo europeo especializado en trata de personas, se agrava con las y los menores de edad. Apenas entre cuatro y siete niñas son identificadas en España cada año. La Comisión Internacional de Derechos del Niño ha recomendado ya en seis ocasiones a España que cambie el procedimiento de determinación de la edad, recordó.  

Niñas que llegan en pateras, en avión o desde países del Este «son totalmente invisibles», denunció, «no solo como potenciales víctimas de trata, sino como niñas», denunció. El Defensor del Pueblo intervino en el caso de una menor de 14 años que estaba centro de internamiento de extranjeros de Madrid. Había llegado en patera a Almería, pero el proceso de identificación —la radiografía de una muñeca en un hospital— falló.  

Arce relató otras situaciones sangrantes como el caso de una joven rumana que fue detenida y condenada por robar carteras en el centro de Madrid. Tras una investigación se determinó que, siendo menor, era su padre quien le explotaba para robar. De haberse tenido en cuenta, la joven podría haber sido eximida de los delitos. Pero cuando se decidió a contar su historia ya estaba en la cárcel con sentencia firme. Actualmente, está en tercer grado y sale a diario a un centro de víctimas de trata que la acoge. Una ironía trágica si se tiene en cuenta que sigue sin ser reconocida oficialmente como víctima.  

«Desde 2010 se han hecho muchos avances, la palabra trata ya no se asocia a trata de blancas, hay procedimientos penales...», admitió. Pero la realidad es que la mayoría de las víctimas aún son invisibles. Aparentemente todo el mundo cumple su papel.  

Los datos que maneja la Policía señalan que durante el 2018 descendió el número de víctimas respecto al año anterior. Además de las 891 personas que fueron identificadas como potenciales víctimas por los diferentes departamentos de extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, se realizaron 639 detenciones pertenecientes a 68 organizaciones criminales. Nigeria, Colombia, Venezuela, Bulgaria, Rumanía y Paraguay son los principales países de procedencia de las víctimas de trata con fines de explotación sexual. «Se está trabajando desde Europa para forzar la penalización de la demanda», admitió a preguntas del público el jefe de Inteligencia del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, Francisco Javier Fanegas. Las mujeres tratadas con el fin de ser prostituidas adquieren deudas que las atan a sus explotadores de entre 30.000 y 60.000 euros según la procedencia.

Investigan si dos vietnamitas son víctimas de trata 

El Ministerio del Interior continuará con el proceso de retorno de las dos jóvenes vietnamitas atendidas el pasado 17 de octubre por el equipo jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) en el aeropuerto de Barajas. Durante las entrevistas para tramitar su solicitud de protección internacional, ambas declararon ser menores de edad y, además, esas conversaciones revelaron indicios de que podían ser víctimas de trata, según la organización.

Sin embargo, este martes las jóvenes «se han retractado» de su declaración inicial y ahora han negado ser víctimas de trata, al tiempo que han reconocido que han viajado a España para «estudiar y trabajar», según fuentes policiales. En este contexto, las jóvenes no son potenciales beneficiarias de la protección internacional, por lo que el proceso de retorno continúa. También ayer, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha desestimado el recurso presentado por Cear contra la decisión de España de expulsar este mismo martes a las dos jóvenes vietnamitas, solicitando la suspensión de su retorno por posible violación del derecho a no sufrir tortura o esclavitud.

Respecto a si la deportación se va a hacer efectiva próximamente, fuentes del Ministerio del Interior se han limitado a recordar que el departamento no informa sobre ninguno de los vuelos de deportación de migrantes y han reiterado que en el caso de estas dos jóvenes el proceso de retorno continúa porque «se han retractado» se su versión inicial. Aunque el proceso de retorno continúa, desde Cear han celebrado que el vuelo de deportación —que inicialmente estaba «programado» para ayer tarde— se haya «paralizado».

La ONG ha agregado que «se mantiene un alto riesgo de retorno forzado». A través de un tuit, la organización ha explicado que ayer ha tenido lugar una entrevista personal de las jóvenes con la presencia de la Ucrif (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) y de Apramp (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida), iniciándose así el procedimiento de identificación de víctimas de trata.