LA PESADILLA GALA ES AMARILLA

Macron no lo vio venir. Nadie, en realidad, llegó a hacerlo entre los dirigentes franceses y buena parte de la opinión pública. La protesta inédita que más ha marcado la vida política y mediática francesa de las últimas décadas acaba de cumplir un año. El 17 de noviembre de 2018, más de 280.000 franceses se enfundaron un chaleco fluorescente y se lanzaron a las calles y rotondas de Francia para protestar por la subida de los combustibles.

Pero su cólera, en la que muchos se vieron identificados, iba más allá. Manifestaba un profundo malestar social de esa Francia periférica, que se siente abandonada por sus dirigentes, que sufre para llegar a fin de mes y que se aferró a un símbolo, esa prenda reflectante amarilla, para encontrar una voz propia sin intermediarios. Desde entonces sido un año realmente convulso.

¿Cómo empezó y qué piden?

La llamada inicial vino de las redes sociales. Ciudadanos anónimos que protestaban por la subida de los impuestos a los combustibles, que penaliza principalmente a las zonas rurales y periféricas de las ciudades —justo las más débiles en términos económicos—, donde la red de transporte público es deficiente y el coche imprescindible. Durante semanas, la cólera se fue amasando, alimentada por una creciente desconfianza hacia las instituciones; también hacia los partidos políticos y los sindicatos, los vehículos tradicionales de la protesta social.

Desde entonces, se han dado cita cada sábado y cientos de demandas se han sumado a sus reivindicaciones. Sobre todo, piden una mejor cobertura social, menor presión fiscal para los más necesitados y más mecanismos para dar voz a los ciudadanos, entre ellos lo que llaman un «Referéndum de Iniciativa Ciudadana», que el Gobierno rechaza de plano. Pero un año después, un 52% de los franceses sigue simpatizando con el movimiento.

¿Cuál fue el punto de inflexión?

El Ejecutivo francés no prestó demasiada atención en un primer momento al movimiento. La situación cambió después de la manifestación del sábado 1 de diciembre, cuando la violencia engulló París. El Arco del Triunfo, uno de los símbolos nacionales, fue saqueado y en todo el barrio de los Campos Elíseos ardían vehículos y quioscos. La tensión fue tal que un antidisturbios relataba hace unos días a France Inter que «el palacio del Elíseo podía haber caído» ese día. A partir de entonces, el despliegue policial se refuerza cada sábado —París se blinda, literalmente— y la violencia, aunque a niveles inferiores, se instala en la protesta. Más de 10.800 manifestantes han sido detenidos a lo largo del año.

Casi 2.000 personas han sido condenadas en 2019, 400 de ellas a penas de prisión. Otras once personas han muerto, en su mayoría por atropellos. Además, 2.495 manifestantes y 1.944 miembros de las fuerzas del orden han resultado heridos. La violencia policial ha sido muy discutida y ha llevado a la apertura de 313 investigaciones.

¿Cómo ha respondido el Gobierno?

Ha desbloqueado hasta 17.000 millones de euros en una serie de medidas económicas, entre ellas la subida del salario mínimo, y otras simbólicas, como la supresión de la ENA (que aún está por ver), el centro en el que se educan gran parte de las élites políticas y económicas del país. Y es que la protesta, no escapa a nadie, tiene un trasfondo de lucha de clases. En primavera puso en marcha el Gran Debate Nacional, en el que miles de ciudadanos pudieron discutir sobre política y hacer sus propuestas. Su éxito fue moderado y para muchos ‘chalecos amarillos’ se trató simplemente de un ejercicio de comunicación del Gobierno.

La crisis ha marcado profundamente la primera parte del mandato de Macron, que fue elegido bajo la promesa de poner en marcha reformas profundas y que, pese a su aplastante mayoría parlamentaria, ha aprendido que no las podrá llevar a cabo sin diálogo. La reforma del sistema de pensiones parece que le va a traer un invierno caliente. Los sindicatos han convocado para el 5 de diciembre una gran huelga, a la que parece que muchos ‘chalecos amarillos’ piensan sumarse.

¿Por qué es una protesta inédita?

El movimiento ha movilizado a muchas personas que proceden de un medio muy popular, con bajos ingresos y alta tasa de paro —pequeños autónomos, transportistas, cuidadores—, «poblaciones que no acostumbraban a participar en movilizaciones», explica Emmanuelle Reungoat, profesora de políticas en la universidad de Montpellier, que lo estudia desde hace un año.

¿Los motivos

Entre otras cosas porque no está estructurado —los ‘chalecos’ no se identifican con partidos o sindicatos— y por la elección de la rotonda como lugar de protesta, «un lugar abierto que acoge a todo el mundo, que está cerca de sus trabajos u hogares donde encuentran a vecinos o amigos, y que se ha convertido en un lugar de politización», esgrime la investigadora.

Los daños

Las protestas de los ‘chalecos amarillos’ desde que se iniciaron hace un año han generado 13.000 siniestros por daños a las empresas francesas, con un coste de 230 millones de euros, indicó este lunes el Gobierno francés.

Hasta comienzos de año, los seguros ya habían cubierto 200 millones de euros, señalaron los departamentos de Trabajo, Economía y Hacienda en un comunicado de resultados del dispositivo de acompañamiento para las empresas puesto en marcha por el Ejecutivo desde noviembre de 2018 para hacer frente a la crisis de los «chalecos amarillos».

A ese respecto, el Gobierno subrayó que no se aprecia que las protestas hayan incrementado las quiebras de empresas, según las estadísticas del Banco de Francia. Algo que viene corroborado porque tampoco han aumentado los incidentes de pagos.

Gracias al dispositivo gubernamental, 6.375 compañías pudieron acogerse a medidas de escalonamiento o de reembolsos en el abono de impuestos por valor de 121 millones de euros.

Hasta el 14 de octubre pasado, el Ministerio de Trabajo había recibido 5.292 demandas de paro parcial y autorizó que se hiciera para 75.638 empleados por un total de 1.791.796 horas, lo que supuso el pago de 13.625.764 euros.

Este domingo se cumplió el primer aniversario del inicio de las protestas de los «chalecos amarillos» que, según el Instituto Nacional de Estadística (INSEE) redujeron el producto interior bruto (PIB) en una décima, un efecto concentrado en el último trimestre de 2018.

Durante el último año, el Gobierno de Macron ha dado un giro social en su política económica, en buena medida para responder al malestar de diferentes colectivos, empezando por los «chalecos amarillos». Sus protestas están en el origen de una serie de medidas evaluadas en 17.000 millones de euros de costo para las finanzas públicas no compensados con otros ahorros o ingresos.