La lucha de Laura por trabajar y ser madre

Ha sido un mazazo detrás de otro. Laura García Suárez, veterinaria de profesión, alterna su trabajo en Educación como profesora con el de autónoma. En enero de 2016 empezó a cubrir una baja en un centro educativo y, en febrero, solicitó participar en la campaña antirrábica que se desarrolla durante el verano.

En abril, el Colegio Oficial de Veterinarios le adjudicó la campaña. Nunca se imaginó que meses después se vería envuelta en una pelea judicial de más de tres años para reclamar su derecho a trabajar y ser madre. En julio tomó vacaciones y en agosto se dio de alta como autónoma para hacer la campaña antirrábica. Era el último que se realizaba por este sistema y era importante hacer una cartera de clientes para las siguientes campañas.  

En este tiempo, Laura confirmó que estaba embarazada. La campaña antirrábica no conlleva riesgos especiales, pero sí otros trabajos como veterinaria clínica. En concreto, contacto con productos tóxicos, realización de rayos X, exposición a golpes y enfermedades infecciosas. Así que, en septiembre, solicitó la prestación económica de riesgo durante el embarazo a la mutua que tenía contratada. Ya lo había hecho con su primer bebé.  

En octubre, la mutua le deniega la prestación. Reconoce el riesgo de embarazo para la propia salud o la del feto en el desempeño de determinadas funciones. Alega que «es claro y notorio que, aún conociendo estos riesgos» se dio de alta en la Seguridad Social «sabiendo con antelación al 1 de agosto de 2016 que estaba embazarada» y luego solicita la prestación «a los pocos días del inicio de su presunta actividad».  

La mutua argumenta que en el anterior embarazo se la dieron sin problema «por los mismos riesgos que ahora expone» porque «usted llevaba de alta en Seguridad Social como veterinaria desde el 1/12/2011 y el embarazo se produce a finales de 2013.  

La mutua concluyó que la actuación de la mujer, con riesgo por embarazo reconocido, «ha sido dirigida a lucrar y mantener indebidamente el fraude de la prestación». «Me juzgaron por una intención», alega la mujer.  

Laura García Suárez decidió acudir a los tribunales a reclamar esta prestación, de 3.572 euros. Alegó que había hecho la campaña antirrábica de la Junta de Castilla y León durante cuatro años consecutivos y que en 2016, mucho antes de estar ni saber que iba a estar embarazada, solicitó participar en la misma.  

No estaba dada de alta en la Seguridad Social como autónoma por estar trabajando por cuenta para la Consejería de Educación. Pero en verano se dio de alta para poder realizar la campaña que llevó a cabo hasta noviembre con 95 registros, aunque el grueso del trabajo lo desarrolló a primeros de agosto. En su recurso al Juzgado de lo Social argumentó que «todavía hay discriminaciones muy profundas cuando la mujer embarazada trabaja como autónoma». La postura de la mutua, añade, le obliga a elegir entre «trabajar o ser madre».  

«Por un lado nos dicen que tenemos unos derechos por ser madres, pero en la práctica es todo humo», añade. Ni el Juzgado de lo Social, ni el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le dieron la razón.  

El Juzgado de lo Social concluye que el alta en la Seguridad Social en el régimen especial de trabajadores autonómos «no ha sido para trabajar (...) si no para lucrar las prestaciones de riesgo por embarazo». El juzgado admite en la sentencia, dando la razón a la demandante, que es «cierto que el fraude de ley debe demostrarse, pero en el caso presente tal fraude se desprende del propio relato de la parte actora, más que indiciariamente».  

La sentencia reprocha que la mujer se diera de alta para trabajar sabiendo que estaba embarazada. «Una veterinaria de campo, embarazada, conoce los riesgos que su trabajo supone para su propia salud y para el feto y en particular los derivados de la toxoplasmosis», alega.  

La mujer se defiende de esta afirmación y asegura que la campaña antirrábica canina no entrañaba riesgos para su salud ni para la del feto y que de hecho la desempeñó con total normalidad.  

De hecho, en la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales se contempla la suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que la mujer trabajadora no encuentre acomodo en otros puestos por razones técnicas, objetivas o justificadas.  

Dice el Tribunal Superior de Justicia que, como veterinaria autónoma, Laura García Sánchez podía realizar otras funciones no clínicas como «inspección, control, educativos» y «adaptar sus trabajos a situaciones que no generen riesgos» y en las que cabría la adaptación del puesto de trabajo con respecto al riesgo de embarazo «pues hay trabajos sin contacto con agentes químicos o infecciosos».  

La sentencia alega también que no está probado que realizara actividades de riesgo para su embarazo tras el alta ya que «como autonóma puede realizar tareas propias de su profesión que no tengan contacto con material biológico peligroso o con agentes mecánicos»  

La veterinaria responde que «no estoy capacitada para hacer trabajos de inspección, mi ámbito como autónoma es la clínica en el campo» y por eso se acogió durante su primer embarazo a la prestación por riesgo durante el embarazo.  

Y su trabajo en Educación es esporádico y está al albur de la bolsa de empleo. «No siempre te llaman», alega. «Creo que estas sentencias reflejan que los jueces no tienen ni idea de qué es la protección al embarazo», añade.  

Con esta convicción quiso acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. «¿Qué opciones me da el Estado? Que no trabaje o que no tenga hijos», alega. Hace unas semanas recibió el último mazazo. El tribunal no admitió su demanda porque previamente no había presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.  

Ahora solo le queda intentarlo de nuevo con el recurso que ha planteado por el riesgo durante la lactancia, prestación que también le fue denegada por la mutua y que está aún a la espera de sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Actualmente, Laura Sánchez está embarazada de su tercer hijo y tiene reconocida la prestación por riesgo.