El año acaba en cuesta abajo

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En 2019, acabarán el año como agricultores y ganaderos menos personas de las que lo empezaron. Concretamente, un 2,5% menos de perceptores de ayudas PAC que en 2018. Menos productores de alimentos y además más pobres terminan un año “para olvidar”, a juicio de la organización agraria UPA. “O tal vez para recordar muy bien”, reflexionan, “y así tratar de corregir las situaciones que nos llevan a acabar 2019 con un balance tan negativo”.

Según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, la parálisis política en España, motivada por los múltiples procesos electorales y la falta de acuerdo para formar Gobierno; y en Europa, debido al interminable Brexit, han perjudicado considerablemente al sector. “Las reformas urgen, cada día más, pero la inacción y el bloqueo políticos las hacen inviables”, han declarado.

A falta de confirmación de los datos oficiales de renta agraria, UPA prevé que los agricultores y ganaderos serán considerablemente más pobres en este 2019, a causa de los bajos precios, los altos costes y las “nefastas condiciones meteorológicas”.

UPA ha señalado como una de las pocas notas positivas en este 2019 el “empoderamiento” de los agricultores y ganaderos que “hacen gala cada vez más de un marcado orgullo rural”. Un valor imprescindible, a su juicio, para “no resignarse y seguir luchando por su futuro”. Las reivindicaciones de la España vaciada, en las que los agricultores y ganaderos tienen un papel protagonista, se han escuchado en el último año con especial fuerza.

Reivindicaciones que UPA ha anunciado que volverá a liderar en este 2020. Un año que se prevé “caliente”, con movilizaciones generalizadas en toda España y para todos los sectores. “La situación es límite para cientos de miles de productores. La urgencia es tal que no podemos esperar más. No es una amenaza, es una certeza”, aseguran desde esta organización. El sector agrícola y ganadero ha sufrido especialmente la falta de un Gobierno con capacidad para tomar decisiones políticas. No podemos olvidar que los presupuestos del Estado, que en definitiva marcan la acción de Gobierno, están obsoletos, pues son aún los presupuestos de los recortes, especialmente en políticas tan importantes como la lucha contra el cambio climático, los seguros agrarios o la sanidad vegetal.

A pesar de los múltiples mensajes lanzados por todos los partidos políticos para frenar el despoblamiento en el medio rural, la inacción política ha supuesto una ausencia de medidas reales que permitan mejorar la situación en aspectos como empleo o los servicios, a pesar de buenos trabajos de diagnosis como los realizados por el Comisionado para el Reto Demográfico.

Este 2019 ha estado caracterizado por una falta clara de reformas legislativas, que permitan limitar los problemas más destacados. Con la excepción de los avances en materia de la reforma de la PAC o la trasposición de normativas europeas, este año pasará a la Historia por la falta de medidas de apoyo al mundo rural.

Problema endémico

La falta de precios justos en origen de los productos primarios sigue siendo un problema endémico en España. Acabaríamos antes enumerando los sectores que este año no han tenido problemas de precios que identificando los que los han tenido.

Si bien es cierto que con la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria se dio un gran paso en mejorar los desequilibrios, no es menos cierto que esta legislación no es suficiente para reequilibrar la gran diferencia de capacidad de negociación que tienen los diferentes eslabones. El sector primario sigue sin contar con elementos que permitan compensar la poca capacidad de negociación individual.

Es imperioso introducir elementos que permitan mejorar la capacidad de negociación del sector productor, como los índices de precios en los contratos, un mediador efectivo y la prohibición de la venta a pérdidas dentro de la Ley de la cadena.

Durante el año 2019, UPA ha exigido un etiquetado obligatorio para identificar el origen de los productos de alimentación, gracias a la campaña Eat Original, en colaboración con organizaciones agrarias y de consumidores de toda Europa, recogiendo cientos de miles de firmas para instar a Europa a tomar medidas.

Sin embargo, todo el trabajo realizado por la organización, con numerosas denuncias emitidas ante la AICA, se ha visto frenado por la falta de un Gobierno efectivo con capacidad para llevar a cabo las reformas necesarias en la Ley de la cadena alimenticia.