Las víctimas del amianto piden un fondo de reparación

Con 20 años, José Luis Gómez empezó a trabajar en una fábrica de Cataluña que hacía pastillas de freno para coches, trenes y vehículos de carga. Era 1994 y durante ocho años estuvo expuesto al amianto sin las debidas medidas de protección. En 2001 se aprobó una ley para limitar el uso y comercialización de este material, pero hasta el último minuto Gómez y sus compañeros llenaron sus pulmones del polvo de este mineral que ocasiona cáncer de pulmón, mesotelioma y asbestosis en más 107.000 personas cada año, según el informe Asbesto crisolito de la Organización Mundial de la Salud (OMS). «Por desgracia muchos de mis compañeros se quedaron en el camino», cuenta Gómez, vicepresidente de la Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto en Cataluña. «El tiempo de exposición es indiferente. Hay amigos que enfermaron con seis meses en el trabajo. Otros no. Es una lotería. No sabemos a quién le va a tocar. 40.000 trabajadores han muerto ya en España por enfermedades relacionadas con el amianto y se estima que para 2030 puedan ser 45.000 personas más». En León, la consulta específica en el servicio de Neumología atiende a 62 trabajadores con patologías

Al amianto todavía están expuestas unas 125 millones de personas, dice la OMS. Incluso en España. La desatención que denuncia Gómez se debe a que todas las reclamaciones de aquellos que ya tienen un diagnóstico de enfermedad causada por el amianto se deben dirimir vía judicial, procesos que se dilatan durante varios años, a pesar de existir una jurisprudencia al respecto. «El Estado apenas reconoce el 2% de la totalidad de las enfermedades del amianto, que no tienen cura», dice Gómez, de 35 años, corredor aficionado y sin signos de enfermedades relacionadas con este material, excepto la ansiedad de «vivir bajo la espada de Damocles», explica.

En las horas previas a la votación parlamentaria para la investidura de Pedro Sánchez, la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi se concentró frente a los juzgados de Bilbao para denunciar la «epidemia» y las 30 muertes ocurridas en la región el año pasado «a causa de la exposición laboral al amianto asesino». Una cifra que podría suponer sólo el 10% de los casos reales, según Patxi Kortazar, uno de los portavoces de la asociación, cuyo juicio tardó siete años en reconocer su caso. La reclamación se enfrenta en la actualidad a varios obstáculos. «Aunque hay una propuesta para la creación de un fondo de compensación, aprobada por todos los partidos menos el PP, existe una táctica dilatoria parlamentaria», advierte Alejandro Ripollés, abogado especializado en el tema y presidente de la Asociación de Afectados por el Amianto, con sede en la Comunidad Valenciana y unos 200 socios.