Una partida con cartas marcadas

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2020 empieza con el sector agroalimentario español atento al mercado interno, y fundamentalmente en la rentabilidad de sus explotaciones y el equilibrio de la cadena alimentaria, y la mira puesta en el tablero internacional, lleno de incertidumbres y con dificultades a corto plazo en cuestiones logísticas, aduaneras, arancelarias y puramente comerciales dado el escenario.

Si la realidad no supera de nuevo a la ficción, el Reino Unido culminará su salida de la Unión Europea y tendrán que ponerse en marcha todos los mecanismos para superar los problemas que derivarán de ello, así como la negociación para recomponer el estatus de Londres como socio comercial de Bruselas. Mientras se definen las nuevas reglas del juego, los productores españoles afrontarán dificultades en el transporte de mercancías, tasas impositivas, abastecimiento, controles en frontera o cierre de mercados por falta de competitividad.

Por sectores, los que más intereses comerciales tienen en el Reino Unido son los hortofrutícolas, vinícolas y oleícolas, que en todo este largo proceso de negociaciones internas del Reino Unido y externas con la Unión Europea se han ido preparando abriendo oficinas comerciales, preparando stocks o buscando mercados alternativos.

Todo el contexto internacional que afronta el sector viene marcado además por las dudas sobre el futuro presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) en su nueva programación, pues aún ni siquiera se conoce la ficha concreta una vez fuera de la mesa el Reino Unido (un agujero que se calcula en unos 12.000 millones de euros). Esa preocupación sobre las ayudas se suma al desafío de los condicionantes medioambientales, amparados además en el nuevo Gran Pacto Verde planteado por la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula Ven der Leyen, y que de forma transversal implica a todos los países, sectores y economías.

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se insiste en la defensa común de un presupuesto suficiente y en poder seguir debatiendo con el nuevo comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, todas las premisas de la Comisión. El polaco ha asegura ya que está abierto a mejorarla y que el objetivo es aplicarla a partir de 2021.

Otro frente -de grandes dificultades para todo el sector agroalimentario y toda la cadena de valor- es el contexto de guerras arancelarias en todo el mundo. A la continua entre Estados Unidos y China, o la que se enfocó directamente contra los productores españoles de aceituna negra de mesa, se coló en la partida la derivada de la decisión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre el caso Airbus, que conllevó aranceles a productos de la Unión Europa por parte la Administración de Donald Trump. Francia y España se ven afectados especialmente y en el caso nacional el aceite, el vino y la carne. Ahora, finalizado el plazo de alegaciones, el gobierno norteamericano tomará en breve decisiones sobre la posible ampliación o aumento de tasas para los alimentos comunitarios.

la partida se añaden las consecuencias arancelarias del acuerdo firmado entre la Unión Europea y Mercosur, que aun con años por delante de implementación preocupa y mucho a los productores españoles, especialmente por los estándares de seguridad alimentaria, bienestar animal y derechos laborales. Una partida a la que el sector agroalimentario español llega con muchas de las cartas marcadas, insistiendo en que «pagan» por problemas que no son suyos y pidiendo al Gobierno, las instituciones europeas y la OMC que les defienda en todos los foros.