Nueva ley del tercer sector
Paraguas legal para 503 colectivos sociales
El delegado de la Junta, Martínez Majo, asegura que la ley del tercer sector dará estabilidad financiera a las asociaciones
Un total de 503 asociaciones, de las 3.300 de Castilla y León, que realizan labores en el ámbito social en la provincia se verán afectadas por la nueva ley del tercer sector de la Junta de Castilla y León.
León «es una provincia muy activa en el terreno social que ayuda a las personas más vulnerables», dijo el delegado territorial, Juan Martínez Majo, tras la reunión que mantuvo ayer con representantes de 19 de estos colectivos para presentar el anteproyecto que ofrece un paraguas normativo para el sector. Es una ley, añadió, que «pone en valor las aportaciones de las asociaciones, reconoce su labor y su contribución a una sociedad más cohesionada y solidaria».
La ley regula la «interrelación entre las asociaciones y el sector público» en cualquiera de los ámbitos de actuación del sector social (infancia, discapacidad, personas en riesgo de exclusión, víctimas de violencia machista, etc.).
El nuevo marco legal busca la sostenibilidad y fortalecer la participación concertada en cooperación con los Ceas, como base del sistema social. Además, añadió el delegado territorial, «actualiza la ley del voluntariado de 2006 como parte integrante muy activa del tercer sector» y determina qué personas y quiénes no pueden ejercer esta labor, como los condenados por violencia de género.
La ley acota en el capítulo 1 qué es una entidad del tercer sector. El capítulo 2 crea un censo «para conocer la realidad y en qué ámbitos trabaja cada una de estas asociaciones» y establece que su finalidad es promover la inclusión social y el reconocimiento de los derechos a toda la población.
Un marco legal
El capítulo 3 está dedicado a la participación y la interlocución social y regula el derecho de participación de las entidades en las políticas públicas de las administraciones de Castilla y León. El Consejo de Servicios Sociales será el órgano específico de colaboración del tercer sector.
El capítulo 4 está centrado en la promoción del tercer sector mediante un plan estratégico y la regulación del mecenazgo y el patrocinio entre las fórmulas de financiación. Este es uno de los puntos que más preocupa a las asociaciones.
Martínez Majo aseguró que la ley garantiza la estabilidad financiera de las asociaciones que prestan servicios mediante el decreto de concertación y marco estable a cuatro años.
En el capítulo 5 se detallan las obligaciones del tercer sector respecto al personal y las condiciones específicas del voluntariado. En este apartado se recoge que las personas voluntarias «nunca pueden suplir la labor técnica o el asesoramiento de un profesional».
La evaluación de la propia actividad, el control, la transparencia y la gestión conforme a modelos democráticos y de igualdad son otras de las obligaciones que contraerán las asociaciones.
El anteproyecto modifica la Ley del Voluntariado en su disposición final primera. Promueve y facilita la participación solidaria de la ciudadanía a través de las distintas entidades y adapta la norma vigente desde hace 13 años a las nuevas formas de voluntariado y a la realidad social de Castilla y León.