Más de 7 millones del Pacto de Estado de Violencia Género van a parar a la Comunidad

El Gobierno y las comunidades y ciudades autónomas han acordado este lunes los criterios para el reparto de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para 2020, un total de 100 millones de euros, de los que 7,43 millones corresponderán a Castilla y León.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha presidido la Conferencia Sectorial, que se ha celebrado de manera telemática, en la que se han establecido las cuantías para cada comunidad autónoma, Ceuta y Melilla y en la que además se ha aprobado el reparto de tres créditos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Estos créditos destinan 6,5 millones de euros a programas de asistencia integral para mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos, 1 millón a la implementación de planes personalizados de atención y desarrollo de actuaciones en relación a otras formas de violencia sobre las mujeres y 2 millones al programa para el apoyo a víctimas de delitos sexuales.

En el reparto de los 100 millones de euros del Pacto de Estado se han tenido en cuenta criterios como la distribución de las mujeres por el territorio, de mujeres mayores de 65 años, población rural, distribución de mujeres con trabajo temporal o paradas, distribución de mujeres con discapacidad, número de mujeres extranjeras y partidas especiales para Ceuta y Melilla por ser ciudades fronterizas y para Baleares y Canarias por insularidad.

Igualdad ha informado en un comunicado de que las comunidades que más fondos recibirán en 2020 serán Andalucía (15,58 millones), Cataluña (12,83 millones), Madrid (10,5 millones), Comunitat Valenciana (8,76 millones), Galicia (7,94 millones) y Castilla y León (7,43 millones).

Le siguen Castilla-La Mancha (6,24 millones), Canarias (5,91 millones), Aragón (4,65 millones), Extremadura (4,61 millones), Baleares (4,14 millones), Murcia (3,41 millones), Asturias (2,87 millones), Cantabria (1,55 millones), La Rioja (1,5 millones) y Ceuta y Melilla (con 1,15 millones para cada una).

Estos fondos se destinarán al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, con especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad, a la inserción sociolaboral y a campañas de sensibilización y prevención.

También a protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes, al establecimiento de un sistema de acompañamiento de las mujeres, al refuerzo de los servicios de apoyo a los menores hijos e hijas y de los Puntos de Encuentro Familiar y a la formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación.

Asimismo, al refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral y de las oficinas de asistencia a las víctimas.