El Covid-19 acaba con Billy el Niño
El Gobierno tenía previsto retirarle las medallas conseguidas entre 1972 y 1980 cuando se modificara la Ley de Memoria Histórica por estar acusado de torturas
Fotografía del año 2013 de Juan Antonio González Pacheco tras salir de la Audiencia Nacional. JUAN CARLOS HIDALGO
El exinspector Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño y acusado de torturas durante la última etapa del franquismo, falleció ayer a los 73 años de edad en una clínica madrileña a causa de las complicaciones derivadas de la Covid-19.
En febrero de este año, su caso volvió a saltar a la primera línea política después de que el Congreso rechazara publicar su historial policial gracias a los votos en contra de, entre otros, Unidas Podemos en la Mesa de la Cámara baja. El portavoz parlamentario de la formación morada, Pablo Echenique, se vio obligado a pedir disculpas y su partido cambió de parecer para que esto fuera posible.
En medio de la polémica generada, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, avanzó que en cuanto se apruebase la modificación de la Ley de Memoria Histórica, que el PSOE tiene registrada y que esperan tramitar «cuanto antes», se procederá a «retirar las medallas» a Billy El Niño . El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, lamentó la muerte de Gonzalez Pacheco «sin haber sido juzgado». «Es una vergüenza para la democracia y también para nosotros como Gobierno. Pido perdón a sus víctimas, luchadores por la democracia y la justicia», escribió en su cuenta de Twitter. Mientras que el diputado de Más País Iñigo Errejón pedirá al Congreso retirar «los honores y privilegios» de forma póstuma.
Pacheco acumuló un total de cuatro medallas concedidas entre 1972 y 1980, tal y como revela un informe encargado por el Ministerio del Interior. Todas ellas incrementan su pensión como expolicía en un 50%. El 18 de septiembre de 2013 la jueza argentina María Servini dictó orden internacional de búsqueda y captura contra él. Desde entonces, la justicia argentina le reclamaba por un delito de torturas cometido contra trece personas entre 1971 y 1975, sobre la base de una querella realizada por antiguos opositores a la dictadura franquista. Sin embargo, en 2014, la Audiencia Nacional rechazó la extradición porque esos delitos estaban prescritos.