La Ley del Tercer Sector sale sin fijar su financiación
Las entidades que trabajan en León con la discapacidad y las personas más vulnerables esperan que el desarrollo administrativo de la normativa presentada por la Junta de Castilla y León especifique apoyos concretos a los servicios.
«Recoge nuestras propuestas, y en ese sentido pensamos que es una buena ley, pero en ningún lugar contempla la financiación para las actividades». El presidente de Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castilla y León, Juan Pérez Sánchez califica de «relativa satisfacción» del contenido del anteproyecto de Ley del Tercer Sector que inicia ahora su trámite parlamentario y que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades espera aprobar antes de final de año. «Al final tiene un punto que nos preocupa y es que sale sin el reglamento para el presupuesto económico. Regula el sector, pero sin financiación. Es la pata por la que cojea la ley».
El Tercer Sector de Castilla y León está formado por más de 3.000 entidades sociales, entre las que se encuentran las organizaciones del voluntariado, Cáritas, Cruz Roja, oenegés y entidad y empresas especiales de empleo, forma un tejido social cuyo trabajo complementa a los servicios públicos con la prestación de servicios profesionales o de voluntariado. Durante el año 2020 hay previsión de atender a más de 160.000 familias de toda la Comunidad a través de todos los programas.
Pendientes
El anteproyecto de Ley inicia ahora un trámite «en el que habrá que trabajar para conseguir esa dotación económica», destaca Juan Pérez, que permita a las entidades sin ánimo de lucro mantener y poner en marcha programas para mejorar la atención y calidad de vida de las personas a las que atienden y que complementen a las que ya existen como las ayudas vinculadas, plazas concertadas o subvenciones nominativas. «La ley nace en un momento complicado por todos los recortes y un futuro complejo tras la crisis del coronavirus».
La falta de financiación de la ley es lo más preocupante también para la gerente de la Asociación Alzhéimer de León, Flor Juan, que asegura que la nueva normativa presentada por la Junta de Castilla y León se centra mucho más en la gestión del trabajo del voluntariado y poco en las entidades que, como en el alzhéimer, dan servicio específico y profesional a personas dependientes. «Me esperaba un compromiso de refuerzo y apoyo al Tercer Sector más explícito. Hablan de apoyo, pero no especifican cómo. Hay muchos puntos en los que muestran el apoyo y contratación de servicios, pero no especifican cómo se va a materialidad». Flor Juan recuerda que las entidades del Tercer Sector «damos un servicio de calidad y la ley no marca cómo se va a fortalecer esa red de apoyo a la que hace referencia. Si hay concierto de plazas tiene que ser a un coste real porque el que establece la Junta de Castilla y León es el más bajo de toda España».
La gerente de Autismo León, Ana López, niega la mayor. «Nosotros no somos un colectivo de personas mayores, tenemos unas necesidades específicas». También cree que la ley equipara a la hora de recibir ayudas a las entidades del Tercer Sector con ánimo de lucro con las que no lo tienen.
Las entidades del Tercer Sector esperan a partir de ahora la aprobación del Decreto de Concertación, que regula la contratación de servicios con la administración de las asociaciones que no tienen ánimo de lucro. Otra de las normativas que está en proceso en Castilla y León es la Ley de Garantías que regulará los derechos de las personas con discapacidad cuando ya o tengan familiares directos «y que garantizará su asistencia y cuidados y su proyecto de vida independiente de sus familiares», explica el presidente de Cermi de Castilla y León.