Los grupos de trabajo estudiarán en verano el nuevo modelo de residencia

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha puesto en marcha los grupos de trabajo para la elaboración de la ley de atención residencial en los que estarán representados la Consejería de Sanidad, la Gerencia de Servicios Sociales, los sindicatos, la patronal, las asociaciones de personas mayores o con dependencia, los colegios profesionales y grupos políticos además de expertos.

Los grupos abordarán la futura Ley de Atención Residencial entre julio y octubre y plantearán cuestiones relacionadas con el ámbito laboral, la atención sanitaria y cuestiones «éticas» como la eliminación de las sujeciones de las personas mayores y discapacitadas.

En un comunicado, en el día en que quedó convalidado en las Cortes sin votos en contra, sólo con la abstención del PSOE y Podemos, el decreto ley de medidas excepcionales que tendrán que tomar las residencias para prevenir una crisis asistencial como la vivida en los últimos meses con el coronavirus, la Consejería insiste en que espera una «amplia participación de todos los sectores» involucrados en esta normativa.

Estos grupos de trabajo están previstos en el denominado Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social suscrito la pasada semana entre la Junta y la mayor parte de los partidos con representación en las Cortes y que establece la revisión del modelo de atención residencial, el refuerzo de la estructura y el plan de inspecciones anual con la incorporación de las nuevas tecnologías, así como la elaboración de la mencionada Ley de Atención Residencial.

Cada grupo contará con una mesa o ponencia en la que expertos, algunos invitados y otros miembros del propio grupo, presentarán los datos más relevantes sobre el asunto que se aborde, ha avanzado la Consejería en su comunicado.

Una vez finalizado el abordaje de todos ellos se dará un plazo para que las entidades participantes puedan presentar propuestas para el contenido de la normativa y en octubre también se recogerán las mismas.

El Pleno de las Cortes convalidó el Decreto Ley de la Junta de medidas extraordinarias para la atención social en centros residenciales.

Entre las novedades «el primero en España en este sentido» según destacó la consejera de Familia, Isabel Blanco, en la defensa de un proyecto «pionero» destaca la obligación de que los centros dispongan de existencias de equipos de protección individuales (Epi) según determinen en cada caso los servicios de prevención de riesgos laborales y del material necesario para la atención a los usuarios, al menos, durante un periodo de cinco semanas.

La procuradora socialista María Isabel Gonzalo avvirtió del «ejercicio de malabarismo» que ha realizado la Consejería de Familia en un decreto «incompleto». «Uno de los problemas más serios que hemos tenido es la falta de personal», evidenció. La procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, que ha aclarado que el modelo residencial de Castilla y León no ha hecho aguas, como asumió en su día la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ya que «estaba ahogado desde hace años» por lo que ha pedido una comisión de investigación.

Desde las filas del PP, el procurador Miguel Angel García Nieto aplaudió la labor de la Consejería de Familia y ha sido tajante al asegurar que en Castilla y León «nunca» se prohibió el traslado de residentes a los hospitales.

La procuradora de Ciudadanos Inmaculada Gómez se mostró «orgullosa» del «esfuerzo de transparencia» que ha realizado la Junta de Castilla y León a lo largo de la crisis sanitaria.

En el caso de VOX, el procurador Jesús María García-Conde del Castillo expresó su preocupación por la obligación de las medidas para las residencias, en muchos casos negocios familiares para los que ha pedido subvenciones y asesoramiento al personal.