La Fiscalía concluye que Castilla y León no desatendió a los ancianos

La Fiscalía Superior de Castilla y León ha archivado las diligencias de investigación abiertas sobre el supuesto documento de la Consejería de Sanidad que aconsejaba primar la hospitalización domiciliaria en las residencias de mayores en lugar del traslado a hospitales durante el pandemia del Covid-19.

De las denuncias remitidas y documentación aportada no se desprenden datos que puedan dar lugar al ejercicio de la acción penal por el Ministerio Fiscal por entender que los hechos no revisten carácter de delito, informan fuentes del Ministerio Público. Fue el pasado 21 de marzo cuando llegó a la Fiscalía Superior de la Comunidad una denuncia de la asociación el Defensor del Paciente que solicitó su intervención en relación con la supuesta «orden de no pasar los ancianos a los hospitales».

El decreto de la Fiscalía establece que el examen de la documentación remitida por la Junta de Castilla y León lleva a considerar que en los hechos denunciados no se aprecia la concurrencia de los requisitos que tipifican el delito de denegación de asistencia sanitaria o abandono de servicios sanitarios. «No sólo no concurre el específico requisito referido a la autoría (lo ha de cometer un profesional de la sanidad), sino que también falta la conducta omisiva» como ponen de manifiesto los documentos examinados, debido a que «no se ha dejado de asistir sanitariamente a los residentes de los centros de mayores», considera el Ministerio Público y que se adoptaron las medidas necesarias para asegurar los cuidados médicos y hospitalización a domicilio.

Estas medidas y sistema permitían una asistencia médica con las debidas garantías sin necesidad de desplazamiento a los hospitales salvo que este fuera necesario, sostiene el Ministerio Público en el decreto de archivo.

Argumenta además que está ausente en la denuncia cualquier elemento que permita determinar el grave riesgo para la salud pues, aunque se trata de un delito de peligro concreto, el riesgo ha de ser causal a la denegación de la asistencia sanitaria requerida o al abandono del servicio sanitario y en este caso ninguna omisión se produjo, por lo que difícilmente se puede establecer relación causal.

Un aval

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, expresó su alegría al conocer la decisión. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea mostró su satisfacción por la rapidez con la que ha resuelto la Fiscalía la denuncia planteada por la Asociación del Defensor del Paciente y reiteró que la Justicia «es una garantía para todos». Agradeció «muy especialmente» a las consejeras de Sanidad, Verónica Casado, y de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, «no sólo por el trabajo, sino también por la templanza y la tranquilidad con la que han afrontado algunos comentarios de estos días».

En opinión de Igea, este archivo de las diligencias «viene a dejar claro» que los números de traslados de mayores desde sus residencias a los hospitales por el coronavirus, unos 4.500 en toda la crisis y unos 800 entre el 20 de marzo y el 16 de abril.