Castilla y León cambia el modelo de residencias con la experiencia del Covid-19

Con el análisis de la situación vivida con el Covid- 19 en las residencias de Castilla y León ayer se reunieron más de 50 personas que integran los grupos de trabajo para elaborar la ley que aborde un nuevo modelo asistencial, que se prevé que esté en el 2021 «con el máximo consenso y participación».

Así lo explicó ayer en rueda de prensa la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, antes de la primera reunión de estos grupos de trabajo para avanzar cuanto antes en esa nueva ley, que era un compromiso de legislatura pero que el Covid ha hecho «más necesaria» y con un abordaje más profundo.

«Todos los que han pedido estar están», explicó Blanco en cuanto a los integrantes de los grupos, de los que se constituirán unos quince entre julio, septiembre y octubre con participación de representantes del tercer sector, usuarios y familiares, partidos, colegios profesionales o del ámbito del diálogo social para en distintas ponencias abordar todos los temas del modelo asistencial.

El 10 de julio se reunirá el grupo de perspectiva ética, que analizará entre otros asuntos el tema «de las sujeciones» en las residencias, una de las materias del pacto de gobierno entre PP y Cs en la Comunidad, ha recordado la consejera.

Necesidades

Pero también se analizará en sucesivos grupos el ámbito laboral, la visión del tercer sector y los colegios profesionales, la atención centrada en la persona, las unidades de convivencia y seguridad, la atención sanitaria, la evaluación de otros modelos nacionales e internacionales o la perspectiva política y la de los destinatarios.

«Hay que avanzar no queremos que la ley se quede en el tintero», observó la titular de Familia e Igualdad de Oportunidades respecto a los trabajos para elaborar el texto ya desde este mes, con ese primer grupo del 10 de julio al que seguirán tres más el 14, 21 y 24 sobre perspectiva laboral, de las entidades y de los colegios profesionales, con participación en todos los casos además de los integrantes de expertos que aportarán la perspectiva en cada materia. Cada grupo contará con una mesa o ponencia en la que expertos, invitados u otros miembros del propio grupo presentarán los datos más relevantes del asunto que se aborde, con aportaciones añadidas, y una vez que todos se hayan reunido habrá un plazo para que las entidades participantes puedan presentar las propuestas para la norma, que se recogerán en octubre.

Y en lo que llega la ley, la Comunidad cuenta desde hace dos semanas con un decreto ley convalidado por las Cortes autonómicas con las primeras medidas para preparar al sector por si hubiera un posible rebrote en octubre, ha explicado Blanco.

Ese decreto obliga a los centros a contar con un plan de contingencia, a que sean capaces de sectorizar a las personas «rápidamente» en función de las situación sanitaria, y a contar con una dotación de EPIS mínimas muy superior a la que tenían que tener antes de la pandemia.

Cuando este domingo se cumplen dos semanas del paso a la nueva normalidad, las residencias de la Comunidad, 1.214 centros con más de 42.000 residentes, «están bien», con sólo un fallecido en la última semana y un descenso de los contagios, y el tema de las visitas que está «funcionando bien» explicó Blanco a preguntas de los periodistas.

Al ser centros en los que hay entrada y salida de familias y trabajadores son susceptibles de que haya algún caso pero «lo importante es que se detecte a tiempo para aislarlo», como ha sucedido hasta ahora, ha referido la Consejera. Ayer, por tercer día consecutivo, no se registró ninguna muerte relacionada con la Covid-19 en las residencias y viviendas tuteladas de Castilla y León.

El número de decesos en estos centros confirmados con Covid-19 era ayer jueves de 1.493.