La ONU sobre el niño Down: «No adoptaron las medidas razonables»

El Comité sobre de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU emitió ayer un comunicado en el que hace público el dictamen adelantado ayer por Diario de León sobre el caso Rubén, el niño con síndrome de Down de León —hoy con 21 años— sobre el que ha concluido que las autoridades españolas violaron su derecho a la educación inclusiva.

Las autoridades españolas «no evaluaron los requerimientos específicos del niño» y «no adoptaron medidas razonables que pudieran haberle permitido permanecer en la educación ordinaria» pese a las obligaciones al respecto establecidas en la convención internacional sobre derechos de personas con discapacidad, subraya el comité en un comunicado.

El comunicado recuerda que Rubén tenía 10 años en 2009, año hasta el que según la investigación del Comité había mantenido buenas relaciones con sus compañeros de clase y maestros en una escuela ordinaria de León donde contaba con un asistente de educación especial. Ese año, en el que Rubén comenzó el cuarto curso, la situación comenzó a deteriorarse, se denunciaron presuntos malos tratos por parte de su maestro, el alumno comenzó a mostrar dificultades en el aprendizaje y en la vida escolar y un informe del centro mencionó un «retraso en el desarrollo asociado al síndrome de Down» del niño.

En junio de 2011, la Dirección Provincial de Educación autorizó la matriculación de Rubén en un centro de educación especial a pesar de la objeción de sus padres, señaló hoy un comunicado del comité de Naciones Unidas. Los padres de Rubén recurrieron sin éxito la decisión de las autoridades educativas y denunciaron posibles abusos que no fueron investigados, por lo que elevaron el caso ante el comité de la ONU en 2017. Tras examinar las alegaciones presentadas por ambas partes, el Comité llegó a la conclusión de que España violó el derecho de Rubén a la educación inclusiva, concluyó el comunicado. «No parece que las autoridades hayan realizado una evaluación razonable o un estudio profundizado y pormenorizado de las necesidades educativas de Rubén», detalló el miembro del comité Markus Schefer.

El organismo solicitó a España que garantice que Rubén, actualmente en un centro privado de educación especial, sea admitido en un programa de formación profesional inclusivo, que se le conceda una indemnización y se investiguen efectivamente las denuncias de abuso. También instó a España a que eliminara toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad, y a que garantice que no se persiga penalmente a los padres de los estudiantes con discapacidad por exigir el derecho de sus hijos a la educación inclusiva