La batalla política complica el control de la pandemia en Madrid

En el fin de semana en el que la gestión de la pandemia en Madrid rebasó los límites de lo sanitario para convertirse en una batalla política, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, terminó pidiendo «un alto el fuego» al Gobierno central para evitar sobre la bocina que desde Moncloa volvieran a tomar el control sanitario de la región, como habían advertido el día anterior. Parecía que todos los puentes estaban quemados, pero se volvió al diálogo —al menos momentáneamente— con la condición de imponer medidas extra que traten de paliar la expansión incontrolada de la epidemia en la región. Aguado, que había mantenido un perfil bajo en los días anteriores, telefoneó al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. Estos le trasladaron que el Gobierno «siempre está dispuesto a ayudar», recordaron que «esta es una guerra epidemiológica, no ideológica», e insistieron en que Madrid «debe ponerse del lado de la ciencia». Estas pasan por aislar los barrios y municipios que estén soportando una incidencia acumulada de más de 500 casos cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días. Un movimiento que genera recelos porque ambas partes son conscientes del coste político que supone confinar de facto prácticamente toda la capital y las ciudades más importantes de la comunidad.

Mientras la sombra de la intervención sigue planeando sobre Madrid, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, mantiene que solo aceptaría este aislamiento si Sanidad obliga al resto de las autonomías a confinar a las áreas que también superen la ratio del medio millar de infectados. En esa situación se encontrarían cuatro capitales (Pamplona, Guadalajara, Ciudad Real y Palencia), las localidades de Calahorra y Arnedo; Carlet, en la Comunidad Valenciana; Lucena, Linares y Arahal, los núcleos más poblados entre los 34 de Andalucía que entrarían en esta clasificación; Ibiza, y Talavera de la Reina.