El desgarro de una familia de acogida

Cuando llegó el primer niño de acogida al hogar de Félix, Beatriz y su hija Teresa sabían que era una situación temporal. Cuando, poco menos de un año después, llegó a casa el hermano del primer niño, con solo 17 meses en otro acogimiento familiar, también eran conscientes de que era una situación temporal. Cuatro años después, con un confinamiento de 60 días por medio por la pandemia, un doloroso proceso de ruptura de los niños con la madre biológica y varios fracasos de adopción, no se esperaban que en menos de una semana tuvieran que dejar a sus ‘hijos’ sin tiempo de despedirse de la abuela —afectada estos días por coronavirus— ni siquiera de ir al pueblo, a Morgovejo, a recoger las cosas que tienen allí debido al confinamiento.

Sobre todo, porque en agosto, poco antes de irse de vacaciones, la técnico de menores que lleva su caso les aseguró que iban a firmar un acogimiento permanente para dar estabilidad a la situación familiar. Pero, de la noche a la mañana, en septiembre apareció una familia candidata a la adopción y el 9 de octubre comenzó el proceso.

Félix Ángel Huidobro y Beatriz Ibán han recurrido al Procurador del Común para solicitar la paralización de la adopción. La oficina defensora de los derechos de la ciudadanía de Castilla y León frente a la administración autonómica y locales ha admitido a trámite la queja. Pero si no hay una resolución contraria antes, la familia Huidobro-Ibán tendrá que despedirse el viernes regar de los niños en la Gerencia de Servicios Sociales. «Así nos lo dijeron el lunes en una reunión tras comunicar que no estábamos de acuerdo con el proceso y habíamos presentado al Procurador del Común, como defensor del menor en Castilla y León», asegura Félix Ángel Huidobro. El proceso de acoplamiento a la familia de adopción, que podría haber durado varias semanas, se aceleró, asegura. La familia de acogida, que recuerda que los menores no habían sido supervisados por la Gerencia de Servicios Sociales desde hace un año, invoca que «la toma de decisiones contemple única y exclusivamente el interés superior de los menores», por encima de «intereses espurios de la Administración para eludir su responsabilidad y priorizando el ahorro de recursos».

Huidobro exige que «la selección y valoración de una nueva familia se haya llevado a cabo con total transparencia, ajustada a la normativa establecida y con todas las garantías. Y cuestiona que separar a los menores del hogar de referencia y de las personas que en estos cuatro años se han ocupado de algo más que de su sustento físico sea la decisión acorde al interés superior de los menores. «Necesitamos ver garantizada que nuestra dedicación y esfuerzo, nuestro cariño y amor dado a los menores así como el que ellos devuelven cada día con creces, las ilusiones, alegrías, disgustos y preocupaciones que durante estos 4 años nos han proporcionado una experiencia maravillosa no se vea nublada por la sospecha de una actuación negligente, precipitada, arbitraria y carente de garantías para el interés superior de los menores», concluye el alegato ante Procurador del Común. También apelan al impacto emocional y estabilidad sobre su hija biológica, Teresa, que tenía cinco años cuando empezaron la aventura del acogimiento familiar